Ante la denuncia de la oposición y organismos internacionales sobre la violación de los derechos humanos en los centros de aislamiento de la provincia.
Alberto Fernández por el momento seguirá apoyando a Gildo Insfrán. Pese a las presiones de la oposición y de organismos internacionales que alertaron por la violación de derechos humanos en los centros de aislamiento de Formosa, el Presidente descarta la intervención federal de la provincia.
Con la llegada de la pandemia a la Argentina, el gobierno de Formosa es foco de denuncias debido a la administración de la cuarentena. Por decisión de Insfrán, miles de personas estuvieron varadas durante meses sin poder regresar a sus casas debido al cerrojo extremo que impuso el mandatario provincial en el territorio que gobierna desde 1995.
Mientras el resto del país aprende sobre la marcha a convivir con el coronavirus, en esta provincia del norte argentino las libertades continúan cercenadas.
Las acusaciones de condiciones inhumanas y hacinamiento a las que son sometidas las personas que se encuentran en los centros de aislamiento provocó una serie de manifestaciones en contra de la decisión de obligar a formoseños a confinarse en una escuela, a pesar de haber dado negativo de coronavirus. La semana pasada dos concejalas opositoras al gobernador que fueron parte de los reclamos terminaron detenidas.
Amnistía Internacional alertó días atrás por la violación de los derechos humanos en los centros de aislamiento donde se priva de la libertad a ciudadanos que dieron negativo de COVID-19 y que son obligados a permanecer junto a personas que sí están infectadas, y tras la detención de las ediles, Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, calificó el accionar del gobernador de “inadmisible en una democracia”.