Hace unos días viene siendo noticia la propuesta de la concejala Romina Arroyo que apunta a que el Estado provea a las mujeres víctimas de violencia de gas pimienta y de sistemas inmovilizantes (que podría ser pistolas taser), con voces a favor y en contra, como todo proyecto que es al menos controversial, pero además cayó en un lugar al menos absurdo donde unas acusan a otras de ser más o menos feministas, o de decirse feministas, o de parecerlo, un sin sentido que hasta asusta.
Romina, y me permito llamarla por su nombre de pila por el grado de confianza personal que tengo con ella, ya dijo que hay un sector del feminismo que no la representa, por sus formas, modos y demás, pero tampoco son más o menos feministas quienes se oponen o están a favor de su proyecto, como ella misma hizo circular hace días por whastapp como información para la prensa.
Lamentablemente el feministómetro está presente en Romina y en el sector más duro del feminismo que tilda de tibias, y otros adjetivos, a mujeres que ni piensan, ni sienten como ellas.
Ahora bien, si bien entiendo la intencionalidad del proyecto del gas pimienta y las pistolas taser para las mujeres, también entiendo que no es la salida a un sistema que violenta permanentemente a las mujeres, en todos los ámbitos, y aunque vivamos en la provincia con los más altos índices de femicidios y otros tipos de figuras de violencia.
El problema fundamental que tiene el proyecto de la concejala es la legislación que prohíbe armar a la población civil, eso además de que en el mundo es una tendencia cada vez mayoritaria que apunta al desarme de la población.
Y aunque no dudo de la buena intención de la concejala, creo que, suponiendo que se encuentre una figura legal para poder armar a las mujeres, sea con gas pimienta como con pistolas taser, u otro tipo de armas, en el marco de la emergencia en materia de violencia, tampoco avisoro que ésta sea una solución adecuada para salvar vidas, como lo planeta en su línea discursiva para defender su propuesta.
El primer problema que encuentro es que a través de este proyecto casi se pretende desentender el rol del Estado en materia de seguridad para que sean las propias mujeres las que se hagan cargo de la suya propia, ya vulnerada por el sistema y por el violento a quien le temen. El segundo problema es justamente ese, el temor, porque no cualquiera que tenga cualquier tipo de arma tiene la capacidad de usarla en el momento en que necesita defenderse, porque el miedo paraliza, por eso hay miles de mujeres que aún no denuncian la violencia de que son víctimas, por miedo y más factores que se los impiden.
Estos factores son culturales, religiosos y económicos, por citar algunos. Culturales porque fueron criadas en un sistema patriarcal que por años viene imponiendo la obediencia al hombre, el temor reverencial, el respeto; religiosos porque la mayoría de las religiones impone el modelo de familia como pilar de la sociedad y se debe sostener a como de lugar; y si se pueden superar algunos de esos miedos, queda el económico, porque el sistema también establece que el hombre es el proveedor y la mujer la ama de casa y cuidadora de las infancias y quedar sola, con hijes a cargo, sin ingresos, por no aguantar uno que otro golpe, es un golpe anímico que hace que muchas mujeres aún resistan en silencio.
Si esas mujeres son empoderadas por cualquier tipo de arma y en el momento de defenderse se paralizan, esa misma arma sin lugar a dudas va a ser usada en su propia contra, por el violento, aún más violento porque ella trata de defenderse, por eso esos miedos que cité anteriormente son los que le dan el poder al hombre para hacer a su antojo, y si ella encima pretende defenderse, la cosa sería bastante peor, así que no veo el camino de la salvación de vidas.
El otro problema que veo es que no cualquier está apto para poder usar armas más sofisticadas, como una pistola taser, por lo que no alcanzaría sólo con armar un kit de supervivencia, sino además hay que establecer un programa de capacitación, capacitación que hoy no tiene ni la policía en el manejo de este tipo de armas que, además, por recomendación de organismos de derechos humanos, no se deben usar pues son consideradas un elemento de tortura, y no faltará quien justifique su uso justamente con el fundamento de que los delincuentes merecen ser torturados, e incluso asesinados, cuestión con la que yo no comparto porque mi visión tiene que ver justamente con un proceso de deconstrucción de una matriz cultural del sistema, pero para eso hace falta dirigentes formados, y otro tipo de políticas públicas.
Leí también, o escuché, que si los violentos se enteran que las mujeres estarán armadas y listas para defenderse van a bajar los índices de violencia, porque el proyecto de Romina Arroyo también tiene como objeto desalentar la violencia, pues tampoco, sencillamente porque ningún delincuente anda viendo que pena le corresponde cada delito va a cometer para ver si lo comete o no, y ningún violento va a ser menos violento porque las mujeres tengan un tarrito de gas pimienta en la cartera, diría que casi me garantiza que a la hora de atacarlas van a ser incluso más creativos para aplicar el efecto sorpresa y el arma, de nuevo, podrá ser usada en contra de las mujeres víctimas.
Creo en síntesis que el camino es otro, es asumir que se necesita más Educación Sexual Integral con perspectiva de género, más trabajo en nuevas masculinidades desde la escuela, pero involucrando a la comunidad, por ende es un trabajo en todos los ámbitos, tanto público (comenzando por ahí), como privado, y a través de organizaciones sociales, sindicatos, gremios, mutuales, cámaras empresarias, colegios profesionales, asociaciones, colegios secundarios, universidades y un largo etc; mientras tanto se necesita una profunda reforma del sistema judicial en su velocidad para el tratamiento y resolución de causas de violencia; policías formados para tomar las denuncias y proteger a las víctimas; más refugios para mujeres con adecuada infraestructura, programas de asistencia integral para mujeres víctimas de violencia, que incluya asistencia financiera, acceso a créditos para poder emprender, acceso a puestos de trabajo genuinos bien remunerados y educación, por citar algunos ejemplos de políticas públicas que el feminismo viene pidiendo que se implementen, pero lo que se necesita antes que todo eso es un compromiso de la dirigencia política, y antes de ese compromiso lo que hace falta es que cada persona que ocupa un cargo público pueda entender de qué se trata la violencia contra las mujeres.
Otro problema es de costos, una pistola taser cuesta en promedio unos 3 mil dólares, unos 300 mil pesos, con lo que con el costo de una sola pistola se pueden aplicar algunos de estos programas antes mencionados, o pagar un adicional muy generoso a más de un policía que se dedique a la custodia del agresor, o disponer de fondos importantes para que cualquier mujer víctima de violencia pueda montar cualquier emprendimiento, con adecuada capacitación y educación financiera, y seguridad para evitar al agresor. También se podrían ejecutar programas de formación y capacitación, con publicidad gráfica y audiovisual, de prevención en materia de violencia. Todo esto por citar algunos breves ejemplos de todo lo que se podría hacer teniendo en cuenta el costo de adquisición de estas armas de supuesta protección personal.
Y no olvidemos también mencionar el peligro que implica el uso de cualquier arma de defensa en hogares, ya no dentro de contextos de violencia, sino por eventuales accidentes.
No importa qué sector del feminismo le caiga mejor a alguien, porque al final pierden el tiempo discutiendo las formas, los modos y modales, y eso viene haciendo que se pierda de vista el eje del problema y discusiones más de fondo sobre un camino a recorrer en la búsqueda de soluciones, y si Romina Arroyo cree que su propuesta aporta soluciones el camino correcto es debatir y consensuar, para eso, de nuevo, son mejores los argumentos del feministómetro.