Con el patrocinio letrado de Noelia Bonetto y la firma de representantes de diferentes organismos ya se hizo efectiva la denuncia por incitación a la violencia y apología del delito, contra el diputado provincial Ignacio Jarsun.
La incitación a la violencia está tipificada en el artículo 212 del Código Penal, y contempla prisión de 3 a 6 años al “que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupo de personas o instituciones, por la sola incitación”.
La denuncia se realizó luego de que el Diputado publicara en sus redes sociales, y en diferentes medios de comunicación, que está a favor de la pena de muerte y avaló lo sucedido en Tucumán, con el linchamiento y posterior muerte de una persona sospechado del atroz crimen de Abigail Riquel en Tucumán
Los demandantes argumentan que las manifestaciones públicas del Diputado, “en su afán de ofrecer la muerte como solución estatal para determinada cantidad de delitos, refiere, en alusión a la población carcelaria, que la muerte de ciertos internos es necesaria porque hay casos que son indefendibles y que además hay que mantenerlos por el Estado, para que salgan por beneficios y nos ponen en riesgo”.
Además sostienen que “las manifestaciones del diputado Jarsun tienen carácter delictivo, no se tratan de meras opiniones vertidas bajo el amparo de la libertad de expresión, libertad que por cierto, no es absoluta”.
“El ofrecimiento de la solución muerte por parte de Ignacio Jarsun encuadra en el tipo delictivo precitado, puesto que sus manifestaciones públicas en relación a este sector de la población carcelaria, además de generar odio -odio del cual se sintió orgulloso al afirmar que gran parte de la sociedad salteña piensa como el- evidencia un profundo desprecio y negación de los Derechos Humanos en general y de las personas privadas de la libertad en particular, que nada tuvieron que ver con el crimen de la niña Abigail Riquel”, reza la demanda contra el legislador.
Respecto de la acusación de apología del crimen, tipificado en el artículo 213 del Código Penal, en la denuncia se fundamenta que “la conducta desplegada por Ignacio Jarsun y que fuera dirigida a un grupo indeterminado de personas encuadra también en esta figura penal, ya que el denunciado considera justo, meritorio y plausible el hecho de que los vecinos hayan dado muerte con sus propias manos al sospechado de asesinar a la niña Abigail Riquel”.
Además en el escrito los firmantes sostienen que las manifestaciones del Diputado “revisten la entidad suficiente como para perturbar la tranquilidad pública y el orden público, porque es el Estado el único que detenta el monopolio de la fuerza y de la pretensión punitiva estatal, por lo que cualquier propuesta que vaya por fuera de dichos postulados debe ser reprimida y sancionada como tal”.
En el escrito también consideran que Jarsun, en su calidad de legislador, tiene la obligación “ineludible de agotar todos los mecanismos técnicos que tiendan o aspiren a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a la que dice representar, sea que se materialice a través de iniciativas legislativas o gestiones que dentro de su competencia pueda eventualmente llevar a cabo, pero en manera alguna puede siquiera proponer la muerte como única solución estatal posible y efectiva y mucho menos celebrar el homicidio de una persona a manos de otras”.
La denuncia está firmada por Organizaciones Civiles y personas físicas, como Familiares y detenidos desaparecidos por motivos políticos y gremiales; Nora Leonard; Asociación Lucrecia Barquet; Fernando Climent; Isabel Soria de la Fundación Volviendo a Casa; Irene Cari del Foro de Mujeres por la igualdad de oportunidades; el Concejal Fernando Ruarte y Juan Tejerina de H.I.J.O.S y de la mesa de Derechos Humanos de Salta