La decisión de avanzar con esa discusión de la reforma, quedó formalizada el jueves pasado cuando el oficialismo se impuso en una votación durante la sesión contra el pedido de la oposición para retirar los proyectos en cuestión.
El primero de los proyectos a tratar es el de la senadora Crexell, que propone la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público respecto del Procurador General, cargo que actualmente está en poder de Eduardo Casal.
Tanto Crexell como Lousteau pidieron en sendas notas a la Presidencia de la Cámara el retiro de los proyectos por considerar que «no es el momento oportuno» para discutirlos en medio de la pandemia.
También consideraron que el oficialismo pretendía «utilizar con fines políticos» las iniciativas para avanzar en el reemplazo de Casal, sin el acuerdo de la oposición.
Uno de los proyectos de Crexell establece que el Procurador General dure en su función cinco años y que pueda se reelegido por única vez con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado.
El segundo expediente de la legisladora neuquina propone los mismos requisitos, pero en el caso del Defensor General de la Nación.
La iniciativa del porteño Lousteau establece una duración de seis años para el Procurador General, igual que para el Defensor; y sólo pueden ser reelegidos una vez.
Para designar a un nuevo procurador se requieren los dos tercios de los votos del Senado por lo que el oficialismo del Frente de Todos necesita sumar voluntades de la oposición.
Desde el oficialismo se impulsan acciones parlamentarias para desplazar a Casal por mal desempeño de sus funciones a raíz de acusaciones por irregularidades en la designación de fiscales.
El Poder Ejecutivo propuso al juez federal Daniel Rafecas para el cargo, pero parte de la oposición de Juntos por el Cambio rechazó la nominación.