El caso de Casasola se suma al escándalo que terminó con la expulsión de Pablo López y a la denuncia previa contra el concejal electo de Tartagal José Manuel Arenas.
En menos de un año, La Libertad Avanza acumula múltiples episodios de violencia de género en la provincia.
La denuncia por violencia de género contra el concejal de La Libertad Avanza Maximiliano Casasola volvió a colocar al espacio libertario en el centro de la polémica política en Salta. Este viernes, el Concejo Deliberante de la capital reune a la comisión de Disciplina y Juicio Político para analizar el caso, en un contexto marcado por la reiteración de denuncias similares contra dirigentes del mismo espacio.
El proceso podría derivar en sanciones políticas dentro del Concejo Deliberante bajo la figura de inhabilidad moral, prevista para situaciones que comprometan la conducta pública de los ediles.
Pero el caso Casasola no aparece en un vacío político: se suma a una serie de episodios recientes que colocaron a La Libertad Avanza en Salta bajo cuestionamiento por denuncias de violencia de género contra dirigentes electos.
Una nueva denuncia contra un concejal libertario
La denuncia contra Casasola fue radicada el 20 de diciembre de 2025 y es investigada por la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N°1.
Según el testimonio de la denunciante, mantuvo una relación de pareja durante aproximadamente diez años con el concejal y convivieron en una vivienda del barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad. Durante ese tiempo —según su relato— habría sufrido distintos episodios de violencia.
El hecho que precipitó la denuncia habría ocurrido el 16 de diciembre, tras una discusión vinculada a un viaje que el concejal planeaba realizar acompañado por otra mujer. La situación escaló con insultos y agresiones verbales.
Cuatro días después, el 20 de diciembre, Casasola regresó al domicilio y la discusión continuó. Según la denuncia, el conflicto terminó con una agresión física: la mujer afirmó que el concejal la pateó en las piernas.
Tras el episodio decidió abandonar la vivienda y refugiarse en la casa de sus padres. También denunció que Casasola se presentó luego en ese domicilio y continuó enviándole mensajes por WhatsApp.
La causa fue caratulada como presuntas lesiones agravadas y se encuentra en etapa inicial de investigación. La denunciante solicitó además una prohibición de acercamiento.
El antecedente que sacudió al Concejo
El caso Casasola revive inevitablemente el escándalo que protagonizó en julio de 2025 el también concejal libertario Pablo Emanuel López.
En ese momento, su expareja —la actual convencional municipal Estela Méndez— lo denunció por exigirle sexo oral a cambio de dinero proveniente de su propio salario.
El episodio provocó una fuerte repercusión política y mediática. Tras la intervención de la comisión de Disciplina y Juicio Político, López terminó renunciando y luego fue expulsado del Concejo Deliberante.
Sin embargo, el dirigente había sido electo para un nuevo período legislativo y continuó ocupando su banca.
Para Gareca, la repetición de episodios dentro del mismo espacio político exige una mirada más amplia.
“En muy pocos meses hemos tenido ya dos denuncias por violencia de género dentro del mismo espacio político, y esto es algo que no se puede tolerar”, advirtió.
Un tercer caso en el norte provincial
A ese escenario se sumó en las últimas horas un nuevo antecedente que volvió a encender alarmas dentro del espacio libertario.
Se trata del concejal electo de Tartagal, José Manuel Arenas, quien fue denunciado en 2013 por su expareja por hechos de violencia de género, según trascendió públicamente.
Arenas todavía no juró en su banca. Junto a otros tres concejales libertarios se negó a asumir en desacuerdo con la elección de las autoridades del Concejo de esa ciudad. Su eventual incorporación recién podría concretarse en el inicio del período de sesiones ordinarias previsto para abril.
Con ese antecedente, La Libertad Avanza acumula al menos tres dirigentes vinculados a denuncias por violencia de género en Salta, en un lapso relativamente corto.
Silencios dentro de La Libertad Avanza
Mientras el caso escala en la agenda pública, la conducción de La Libertad Avanza en Salta mantiene silencio.
El presidente del espacio en la provincia, Eduardo Virgili, no respondió a consultas periodísticas. La senadora nacional Emilia Orozco, referente libertaria en el distrito, señaló que no ejerce autoridad partidaria. El senador provincial Roque Cornejo también evitó pronunciarse sobre una eventual decisión interna.
Dentro del propio bloque libertario, sin embargo, comenzaron a aparecer críticas. El concejal Rodrigo Quinteros tomó distancia de Casasola y cuestionó la falta de reacción de la conducción partidaria. “Es muy grave lo que denuncia la víctima. Me llama la atención que todavía las autoridades no lo hayan expulsado del partido”, sostuvo.
Para el edil, la reiteración de denuncias golpea la credibilidad del espacio. “Después de lo que pasó con Pablo López, esto es una mancha que no podemos tolerar. Uno se apena mucho por la gente que nos votó”, concluyó.
En ese contexto, la reunión de la comisión de Disciplina y Juicio Político prevista para este viernes aparece como el primer paso institucional para definir cómo responderá el Concejo Deliberante ante un nuevo episodio que vuelve a instalar en la política salteña el debate sobre violencia de género y responsabilidad pública de los dirigentes.