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Fortalecer la protección del medio ambiente

Desde la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitieron un comunicado en el que sostienen que demasiados países de América “han aflojado las salvaguardias ambientales en respuesta a la pandemia de COVID-19, cuando deberían estar mejorándolas para proteger la salud de sus pueblos”.

El documento fue elaborado en base a recomendaciones de David R. Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y Soledad García Muñoz es la Relatora Especial de la CIDH sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Los expertos coinciden en afirmar que la pandemia puso de manifiesto “el estado ya frágil de la protección del medio ambiente en muchos países de las Américas” y además exacerbó “las pautas de desigualdad existentes, y no es casualidad que las zonas con mayores niveles de contaminación ambiental y mayores tasas de mortalidad por la pandemia Covid-19 sean las mismas en las que viven personas históricamente discriminadas”.

En su mensaje a los gobiernos americanos, la CIDH afirma que la situación del medio ambiente ya era motivo de preocupación antes de la pandemia, pero en este contexto, en vez de mejorar las medidas de salvaguardia medioambientales como parte de la respuesta a la crisis que enfrentan por el COVID-19, se tomaron decisiones de políticas “desfavorables que den lugar a un deterioro acelerado del medio ambiente y tengan repercusiones negativas en una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, el agua, la cultura y la alimentación, así como al derecho a vivir en un medio ambiente saludable”.

Ante este panorama, desde el organismo están solicitando a los Estados que refuercen sus leyes, políticas, programas y reglamentos medioambientales. “Los Estados tienen la obligación de prevenir nuevos daños y de establecer fuertes marcos institucionales, cumpliendo las obligaciones contenidas en los instrumentos regionales y universales de derechos humanos, en particular, las contenidas en el Protocolo de San Salvador y el Acuerdo de Escazú”.

Sobre este punto la CIDH recomienda que se suspendan las inversiones de cualquier actividad industrial o agrícola a gran escala “si no se han aplicado los mecanismos apropiados de consulta y participación con arreglo a las normas internacionales, incluido el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas”.

Y a modo de conclusión indican que el creciente riesgo de que surjan enfermedades infecciosas está causado por una «tormenta perfecta» de acciones humanas que dañan los ecosistemas y la biodiversidad, como la deforestación, el desbroce de tierras y la conversión para la agricultura, el comercio de fauna salvaje, la expansión de la población humana, los asentamientos y las infraestructuras, la intensificación de la producción ganadera y el cambio climático.

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