Emitieron un comunicado negando haberse vacunado contra coronavirus. Requirieron información al Ministerio de Salud respecto a las vacunas que se hubieran enviado a la Ciudad Judicial.
La polémica por un plan de vacunación preferencial se instaló en Salta luego de denuncias sobre supuestos tratos diferenciados en algunos sectores.
Uno de los grupos apuntados fue la Corte de Justicia de Salta, por eso este jueves emitió un comunicado negando esta posibilidad:
La Corte de Justicia de Salta, ante publicaciones que aseveran que sus integrantes habrían sido vacunados contra el COVID-19 informa lo siguiente:
Las juezas y los jueces de la Corte de Justicia no han recibido la vacuna contra el COVID-19, que se está aplicando de acuerdo a un cronograma establecido por las autoridades sanitarias de la Provincia y la Nación.
No fueron realizadas gestiones institucionales desde la Corte de Justicia que hubieran priorizado a magistradas/os, funcionarias/os, profesionales, técnicas/os y empleadas/os frente al resto de la sociedad.
Ratifican la importancia de respetar el cronograma de distribución que prioriza al personal de salud, mayores y en esta nueva instancia al personal de las instituciones educativas.
En ese orden, destacan también la trascendencia de respetar los principios de equidad, igualdad y gradualidad en la aplicación de las dosis de acuerdo a los grupos establecidos.
Puntualiza la Corte de Justicia que resulta menester que se contribuya a crear la confianza necesaria en el sistema.
En virtud de las graves circunstancias aludidas, fue requerida oficialmente información al Ministerio de Salud Pública respecto a las vacunas que se hubieran enviado a la Ciudad Judicial y con qué destino, a fin de practicar las actuaciones que por ley correspondan.
Destaca la necesidad de combatir la pandemia causada por el COVID-19, entre todos y con absoluta seriedad, sin hechos o conductas que perjudiquen a las personas a las que debe garantizarse el orden de prioridad, pues ello constituye infracciones gravísimas a las leyes del Estado, por ante los deberes asumidos para con la sociedad.
Todo ello en el entendimiento que la transparencia sólo puede garantizarse mediante la debida y veraz comunicación de los actos públicos.
En definitiva, la salud pública requiere en estas circunstancias del compromiso individual y colectivo.