Entre muchas otras voces que vienen opinando sobre el proyecto de ley del oficialismo nacional, de bajar la edad de imputabilidad, la jueza penal juvenil de Salta, Tatiana Dip y el Juez Penal Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, son algunos de los que opinaron sobre política que se va a discutir en el Congreso Nacional en los próximos días
En una entrevista publicada en el diario El Tribuno, la jueza en lo Penal Juvenil 1 de Salta, Tatiana Dip, advirtió sobre la necesidad de mantener un régimen diferenciado para menores y remarcó la importancia de la resocialización y la prevención del delito como pilares del sistema.
La jueza salteña advirtió que más allá de las discusiones de índole ideológico en torno a este tema «no podemos perder de vista que el régimen penal juvenil es, por definición, un régimen especial. Esto no responde a una ideología, sino a una obligación legal y constitucional»
Respecto de la edad de imputabilidad, algo que aún está en discusión en las comisiones que trabajan el proyecto, Dip explicó que «más allá de la edad puntual, la discusión de fondo es cuál va a ser el tratamiento que el Estado le dará a los jóvenes que cometen delitos y cómo se va a diferenciar ese tratamiento del de los adultos».
Consultada sobre uno de los argumentos utilizados sobre que bajar la edad de imputabilidad podría generar que los delitos sean cometidos por personas cada vez más jóvenes, la magistrada explicó que de acuerdo a ese razonamiento «siempre podríamos decir que entonces delinquirá uno de 10 o de 11 años», al tiempo que resalto que «el problema no pasa por ahí», y observó además que según datos estadísticos de la Junta Federal de Cortas, «la mayoría de los delitos cometidos por menores son contra la propiedad. Los delitos graves contra las personas, como homicidios, son estadísticamente bajos».
En este sentido, añadió que «el Estado debe dar respuesta a las víctimas y a la sociedad. La clave está en el tratamiento que establece la ley, en los resultados que esa norma debe ofrecer y en cómo se aborda integralmente la problemática».
«La prevención del delito es fundamental. Debe trabajarse desde todos los ángulos: jurídico, social, educativo, cultural y deportivo. El objetivo es evitar que los jóvenes ingresen en una carrera delictiva que, en muchos casos, termina con condenas como adultos. La ley debe establecer normas claras, pero también generar condiciones para que los jóvenes puedan vivir su niñez y adolescencia con oportunidades reales», resaltó la funcionaria judicial durante la entrevista que podés leer completa en el siguiente ENLACE
Por su parte, Rodrigo Morabito, Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y Profesor Adjunto en la UNCa, publicó una Carta Abierta a Javier Milei, de la que se hicieron eco diferentes medios de todo el país, en la que señala que «en los tribunales no vemos enemigos. Vemos historias de abandono acumulado. Vemos una cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo. Y vemos, con enorme preocupación, cómo frente a ese fracaso previo, la única respuesta que se propone es más pena, más encierro, más dolor».
«Todos los días veo rostros que no aparecen en las estadísticas ni en los discursos. Rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza. Chicos y chicas que llegan tarde a la Justicia, después de haber sido violentados en sus hogares, expulsados de la escuela, abandonados en las calles, consumidos por las drogas y, muchas veces, utilizados por adultos inescrupulosos para delinquir», advierte el magistrado.
Morabito le explica a Milei que «el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir».
El magistrado advierte en su carta abierta que «bajar la edad de punibilidad puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia. No honra a las víctimas. Solo amplía un sistema penal que llega siempre tarde y que ya ha demostrado su ineficacia».
En este sentido señala que «cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ingenuidad. Es responsabilidad institucional. Es la única política seria de seguridad a largo plazo de una nación democrática. Es intervenir antes, acompañar antes, sostener antes. Es estar presentes cuando todavía hay algo para salvar».
Podés leer la carta completa y textual en el siguiente ENLACE
También podés leer AQUÍ la editorial de Diego Comba sobre este proyecto