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No hubo acuerdo por la Ley de Alquileres

El Frente de Todos consiguió en comisiones 40 firmas y buscará sostener una ley parecida a la actual, mientras que la oposición logró 39 y busca renovaciones cada dos años y aumentos semestrales. 

El oficialismo consiguió este miércoles en la Cámara de Diputados imponer su dictamen sobre las modificaciones a la ley de alquileres, frente a la oposición que logró unirse con un dictamen propio. La incógnita ahora se trasladará al recinto, donde se juega voto a voto.

Las comisiones de Legislación General y Presupuesto -que conducen los diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau y Carlos Heller, continuaron con el debate, iniciado hace semanas, que finalizó con la firma de un dictamen de mayoría, que consiguió 50 voluntades, frente a las 39 del despacho de minoría.

Las principales diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores es que mientras el proyecto del Frente de Todos mantiene los principales ejes de la ley votada en 2020, es decir los tres años de contrato y la actualización anual con un índice entre inflación y aumento salarial; Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Frente de la Concordia y Provincias Unidas proponen volver a los dos años y ajustes semestrales acordados entre las partes.

El Frente de Todos comparte el diagnóstico de que la ley 27.551 del 2020 no dio las respuestas esperadas, pero pese a haber amagado en un primer momento con volver a los tres años de plazo de los contratos y el ajuste semestral de los valores, finalmente ponderaron los reclamos de los inquilinos para no tocar esos aspectos de la norma.

La conclusión a la que llegaron es que ningún marco normativo puede ser efectivo en un contexto de escalada inflacionaria que genera incertidumbre en los propietarios (al punto de retirar sus inmuebles del mercado) y pérdida de referencia de los valores de mercado.

También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido, al tiempo que incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores.

A su vez, se estipula la posibilidad de exceptuar del pago del impuesto a los Bienes Personales a esos inmuebles destinados a la locación para vivienda familiar, a menos que superen los 30 millones de pesos. Asimismo propone que aquellos propietarios de inmuebles usados que sean afectados al alquiler para vivienda durante 12 años puedan inscribirlos en el régimen de incentivos para la construcción, que habilita beneficios fiscales.

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