Los comicios están rodeados de una polémica que proyectará sus consecuencias en el tiempo, pues la mayoría de la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Grupo Internacional de Contacto anunciaron que los desconocen.
El aplazamiento había sido solicitado por un sector encabezado por el excandidato presidencial Henrique Capriles y por la UE, que fue invitada a observar el proceso electoral cuando este ya estaba en marcha.
El oficialismo respondió que la Constitución exige que las elecciones se efectúen a más tardar a comienzos de diciembre para que los legisladores electos puedan asumir sus bancas en la fecha establecida del 5 de enero.
También se objetaron las reformas de la cantidad de diputados que tendrá la AN (de 167 a 277) y del sistema de votación, dispuestas con menos de los seis meses de antelación fijados por la carta magna.
Además de elegirse diputados nominales y por listas, parte de los legisladores surgirán de nóminas nacionales sin representación regional ni proporcional a la población, y los tres parlamentarios indígenas ya no serán escogidos en forma directa por los ciudadanos.
Asimismo, tanto la oposición interna como la externa discrepó con que decenas de dirigentes y partidos estén inhabilitados, así como que varias agrupaciones fueran intervenidas judicialmente y puestas bajo la conducción de autoridades afines al gobierno.