El Juzgado de Garantías 2 hizo lugar al requerimiento formulado por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, para tres efectivos policiales detenidos.
El lunes 19 de abril fueron detenidos tres efectivos de la Policía de Salta acusados de varios delitos, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.
Se trata del sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos, quienes fueron imputados por los delitos de vejaciones, en concurso real con allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.
El Juzgado de Garantías 2 hizo lugar al requerimiento formulado por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, para los tres efectivos policiales detenidos y les dictó prisión preventiva.
De las múltiples causas, se tiene que los efectivos policiales acusados acometieron contra la integridad física de numerosas personas (entre las cuales se encontraban dos menores de edad), y en muchas situaciones y sin motivo alguno, les dispararon con armas no letales. Uno de los damnificados, Luciano Cruz, perdió un ojo por la violencia con la que actuaron los encartados y tiene comprometido el otro, según trascendió de publicaciones periodísticas.
En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los diferentes elementos colectados durante la investigación, permiten sostener la sospecha fundada de que los acusados podrían incurrir en la hipótesis configurativa del peligro cierto de fuga, con la posibilidad cierta de que los imputados no se sometan a los requerimiento del sistema judicial.
En este sentido, surgieron indicios vehementes de que los acusados hicieron del delito su medio de vida, sin mostrar arrepentimiento alguno, pues no resulta un dato menor considerar estos efectivos forman parte de las fuerzas de seguridad provincial y que su deber es el de garantizar la seguridad pública y no la comisión incesante de hechos ilícitos contra la sociedad.