El narco más poderoso del país está preso, es juzgado por varios crímenes y, desde el penal de Ezeiza, intenta recuperar tierras que administra la Universidad de Buenos Aires.
El sitio Infobae publicó que Reinaldo Delfín Castedo denuncia una supuesta desforestación ilegal y que con ese argumento busca recuperar 28.000 hectáreas que limitan con la frontera boliviana. Por los pasos clandestinos que abrió el «clan familiar» a lo largo de 15 kilómetros boscosos y casi inaccesibles se cree que el «Patrón del Norte» traficaba cuatro toneladas de cocaína mensuales que era embarcada a Europa. En los tribunales federales creen que Castedo quiere recuperar esas propiedades para reactivar los «cruces fronterizos secos» ubicados en las fincas Aybal y Pajeal.
Esas tierras, consideradas como «oro» para los narcotraficantes, pero de escaso valor comercial, por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, son administradas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que en los últimos meses es objeto de descalificaciones insólitas: la acusan de desforestar el lugar y vender de manera clandestina la madera. En el expediente, en cambio, hay constancias irrefutables que la Sociedad Administradora de Campos de la UBA fue quien denunció la tala ilegal de esos bosques.
«No se puede permitir que esos campos los recupere el narcotráfico. La UBA nunca realizó tala ilegal. Y tampoco legal porque las autoridades de Salta no autorizaron las guías para hacerlo. Sí, en cambio, la Sociedad Administradora de Campos de la UBA fue quien denunció en varias oportunidades el robo de maquinarias, la tala clandestina, la posible apertura de pasos fronterizos clandestinos para tráfico ilegal y hasta la instalación de campamentos de obreros para la desforestación ilegal», afirma un alto funcionario judicial que señala Infobae.
Uno de los casos más impactantes de la vinculación narco con la justicia y el poder en Orán fue la destitución, encarcelamiento y condena del juez federal de esa localidad, Raúl Reynoso, por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes.
María Gabriela Aparicio, la hermana del entonces diputado provincial Ernesto Aparicio y otros tres hombres fueron condenados a prisión perpetua por la autoría del crimen de Ledesma.
El entramado de las causas judiciales que se tramitan en Buenos Aires y Salta, y que involucran al «Patrón del Norte», es complejo. Las tramitaciones lentas están plagadas de sospechas de cobertura política, judicial y de las fuerzas de seguridad. Además del contrabando de cocaína, se investiga el asesinato de Liliana Ledesma, una vendedora de huevos en Salvador Mazza (cuya pareja fue muerto en ese país en una redada narco) que el 18 de septiembre de 2006 denunció que los hermanos Reinaldo Delfín y Raúl Castedo, junto al entonces diputado -ahora fallecido- José Ernesto Aparicio, habían «cerrado un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia para utilizarlo para traficar drogas».
Tres días después, el 21 de septiembre de 2006, la mujer fue asesinada de siete puñaladas. El violento homicidio fue considerado como un mensaje mafioso.
Su cuerpo apareció tendido sobre la precaria pasarela de madera del Sector 5 de Salvador Mazza o «Pocitos», a muy pocos metros de Yacuiba, la ciudad espejo en Bolivia. Además de las heridas mortales, los criminales se tomaron el tiempo para realizar cortes en su boca, un hecho que en el mundo mafioso se interpreta como «silencio» o te puede pasar lo mismo.
El homicidio fue un golpe para la estructura criminal de los hermanos Castedo. Reinaldo Delfín se fugó y fue detenido diez años después en el conurbano bonaerense. También destrozó la carrera política del diputado provincial Aparicio, un hombre influyente que aspiraba a suceder a su jefe político, el entonces gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero.