La situación del ex jefe comunal de San Lorenzo empeoró aún más. Al testimonio de un perito, que les bajó el pulgar a las obras cuestionadas en su gestión, otros vecinos lo hundieron.
Aún sin decir nada, al igual que el empresario con el que es juzgado, Ernesto “Kila” Gonza, ex intendente de San Lorenzo, recibió un golpe letal días atrás, cuando el tribunal que lo juzga llamó a declarar al ingeniero civil Guillermo Kripper, quien lo hizo para opinar sobre dos obras que el exjefe comunal mandó a ejecutar.
Se trata de la construcción de una alcantarilla y 28 casillas que fueron entregadas a distintas familias de ese municipio, todo, en el marco de un plan convenido con la administración provincial, algo que la mayoría de los beneficiarios desconocían, pues al declarar todos tenían entendido que se trataba de un “regalo” que les hizo el ex intendente, quien, al parecer, habría omitido lo del plan, para sacarle provecho político a la obra.
Gonza y Sergio Armando, propietario de la empresa El Montañez, son juzgado por fraude a la administración pública y peculado, debate que lleva adelante el juez Ángel Longarte junto a los vocales Javier Aranibar María Gabriela González, con la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
La acusación se funda en la decisión de Gonza de disponer, mediante contratación directa, los servicios de la empresa de Armando, hermano del entonces Secretario de Gobierno del municipio, Rodolfo Armando. Pese a esta clara incompatibilidad, el ex intendente lo favoreció con la construcción de una alcantarilla sobre la calle Belgrano y alrededor de 28 casillas del Plan Una Casa Para Tu Hogar.
Por estas obras, la primera con fondos totales del municipio y la segunda con plata de la Provincia, se desembolsaron sumas millonarias, con lo cual hubo un perjuicio, tanto para las arcas de ese municipio, como para las del gobierno provincial.
Para tener una idea de dichas obras, el tribunal citó a declarar a Kripper, quien participó como perito de parte de la municipalidad en un estudio realizado junto a otro ingeniero entre los años 2011 o 2012, siendo objeto de la pericia, un análisis de las obras cuestionadas.
Sobre la alcantarilla, Kripper no anduvo con vueltas. «Está mal hecha”, afirmó, para luego advertir que la certificación de obra no coincide con lo que vieron durante el peritaje, pues la alcantarilla tenía muchos defectos de construcción.
“Estaba la forma, pero la obra estaba mal hecha”, insistió.
Para ser más claro, precisó que no hubo estudios hidrológicos que determinaran la cantidad de agua que debería socavar el puente, información básica para hacer la alcantarilla. “Los hormigones previstos en el contrato son de alta resistencia, pero no son los que se encontraban en la obra”, aseguró y concluyó que se hicieron “los más barato”, pues “hacer un hormigón de alta calidad tiene un costo más alto”.
Criticó también la malla colocada, ya que no era la adecuada. “El hormigón tenía grandes nidos de abeja, por defectos. Debía repararse o demolerse y hacerse de nuevo”, sostuvo. Cuando la viga tiene defectos de construcción, la lluvia y el frío afectan al hierro, por lo que “no es tan fácil pensar que se puede solucionar. Hay que demoler”.
Sin reparos, aseguró que la obra no podía ser aprobada, puesto que no se ejecutó en base a las reglas establecidas. “No se debe realizar certificación hasta que se corrijan o se vuelvan a hacer”, consideró e incluso remarcó que la alcantarilla no tiene un proyecto o un plan aprobado, por ende, “no podemos determinar si está bien o está mal. Si no tenemos planos, ¿cómo hacemos para controlar?”, concluyó.
Casillas precarias
Sobre el Plan Provincial Una Casa Para Tu Hogar, el que consistía en la entrega de casillas a familias vulnerables, Kripper dijo que en la documentación había un contrato entre la provincia y la municipalidad para la construcción de 30 viviendas.
Sobre el estado de estas casillas, explicó de entrada que la empresa El Montañez designó al ingeniero industrial José Domingo Juárez como director técnico, cuando ese título no corresponde a las incumbencias con el desarrollo de estas obras, que serían competencia de ingenieros civiles o arquitectos.
Pero esto no fue todo, pues luego se explayó sobre la nivelación del terreno, en el que encontró erosiones, desmoronamientos, fisuras, descalces y añadió que no se cumplieron las normas de seguridad, “No existen armaduras, contrapisos como indican las planillas de cómputos. Los ladrillos eran huecos, no macizos de buena calidad, las puertas eran de machimbre”, declaró. Además, indicó que las casillas debían construirse con baños, lo que sucedió en una casa, mientras el resto no lo tenían.
Dijo que los marcos no eran los adecuados, los vidrios que se colocaron eran dobles, cuando debían ser triples y en algunas viviendas ni siquiera estaban colocados. El perito, en definitiva, atribuyó todos estos defectos al “abaratamiento de costos”.
Las casillas debían tener la conexión eléctrica, pero donde la hicieron no cumplía con las normas vigentes en la provincia y en otras viviendas, directamente no tenían realizada instalación eléctrica alguna. Kripper recordó que las normas “son totalmente de seguridad, no podés dejar los cables así nomás (…) en las casillas de madera es más peligroso”.
“El avance de obra era del 50%. No deben certificarse hasta que los defectos no sean salvados”, sostuvo Kripper. En vista de todo ello, ratificó que ni la obra de la alcantarilla ni las casillas debían pagarse a la empresa por estar mal ejecutadas.
Como frutilla del postre, delató otra irregularidad. Y es que la certificación de las obras las hizo un licenciado en administración de empresas. ¿Quién? Nada menos que Marcelo Cil, quien “no tiene título competente”, señaló Kripper.
Otra farsa
Al escuchar a los beneficiarios, la mayoría contó que las gestionaron mediante notas en mesa de entradas de la municipalidad, para luego expresar que sí vieron los defectos, pero no reclamaron porque pensaban que se trataba de un “regalo” del ex intendente. Una vecina lo creyó así, pues no tenían conocimiento de que se trataba de un plan de la provincial ni tampoco sobre cómo debían de haber sido entregadas.
María Saiquita contó que es pensionada, y fue beneficiaria de una casilla. “No tenía casa, vivía con mis hijos, tenía una casa de plástico y maderas. Pedía la casilla para vivir con mis hijos. La construyeron en mi terreno”, contó. Las viviendas eran de una habitación, y como necesitaba más espacio, pidió que no le hicieran el baño.
Marisel Barboza. Dijo que su padre, Nicolás Barboza, fue beneficiado con la casilla, la que tampoco tenía baño. Al respecto, la fiscalía reveló que, en la inspección, la jueza de paz dejó constancia de que la casa no contaba con baños ni accesorios. Al respecto, la testigo dijo que pidieron que no se haga el baño dentro de la casa porque tenían otro afuera, pero sí dijo que la puerta de acceso era de machimbre, el zócalo era de ladrillos huecos y no tenía revoques.
Tampoco se le hizo el tratamiento en la parte interior y exterior y lo hizo su familia. Además, a la vivienda entraba agua en un dormitorio porque no estaba revocado el zócalo. La entrega se hizo sin la instalación eléctrica. Ernesto Waldo Aguirre, un albañil de 34 años, en tanto, reconoció su nombre en un cheque, pero no la firma. También negó, ante preguntas de la fiscal, haber realizado algún trabajo para la municipalidad.
Otra adjudicataria, Virginia Bortoni, detalló que recibió una casilla de “madera finita”, no dura mucho (…) siempre se ha llovido”. Y volvió a reiterar que nunca hizo un reclamo porque consideró que era “un regalo del intendente”.