El juez de Garantías, Mario Dilascio, le prohibió a Gustavo Solís y a otros siete imputados a abandonar el país sin autorización por riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.
A pedido de la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, el Juzgado de Garantías de 2da Nominación – Distrito Sur dictó la prohibición de salida del país a los ocho imputados que tiene la causa que investiga a los funcionarios rosarinos por fraude a la administración pública, falsificación de un instrumento público y asociación ilícita, todo en concurso real.
En el oficio además del Intendente y dirigente del Frente de Todos, Gustavo Solís, se ordena que Matías Iturre, Rubén Cardenas, José Luis Feres, Carolina Solís, Silvia Acosta, Juan Alberto Saldaño y Gustavo Alfredo Villagran no salgan del país por posible fuga y entorpecimiento de la investigación.
De no cumplir con la orden, los implicados caerán en el delito de desobediencia judicial que implica la inmediata detención.
La causa contra Solís es por una obra de adoquinados el Barrio Ramón Abdala y fue denunciado por el entonces auditor de general de la provincia, Mariano San Millán, cuando advirtió irregularidades en contrataciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, durante el período 2017.
Paralelamente, los funcionarios municipales tienen otra causa abierta donde hubo una supuesta emisión de cheques del municipio para una persona registrada como proveedora y que luego fueron endosados y cobrados por un empleado municipal.
Por este hecho se allanó la Municipalidad y se detuvo provisoriamente a Carolina Solís Mónico, hermana del intendente y quien ejerce el cargo de secretaria de Hacienda.
El fiscal Nicolás Rodríguez aclaró que la detención cautelar de la secretaria de Hacienda obedeció a que constataron que estaba entorpeciendo de la investigación, direccionando, mediante mensajes por WhatsApp, a testigos que aún no habían declarado.
Además, Gustavo Solís y su gestión también es investigada por maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que aseguran no haber percibido dinero alguno. Incluso, el fiscal penal Oscar López Ibarra requirió elevar esa causa a juicio.