Para el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, no existen elementos de prueba contra el gendarme Emmanuel Echazú y los agentes Escola, Ocampo y Ferreyra, por la desaparición y muerte del artesano.
El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, sobreseyó a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por la desaparición y muerte del artesano bonaerense Santiago Maldonado, ocurrida en el 2017, y su familia denunció la existencia de un pacto de impunidad para favorecer a la Gendarmería Nacional que por entonces respondía a órdenes de la actual precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich.
Lleral afirmó en su fallo que Maldonado «murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo».
«Ni los gendarmes que lo perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos», sostuvo el magistrado en su escrito y dispuso el sobreseimiento de todos los acusados.
Luego de conocida la noticia, Sergio Maldonado -el hermano de Santiago- se expresó a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: «Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder».
«Como lo hizo en el 2017, el juez Lleral juega a la política partidaria de JxC (Juntos por el Cambio). Horas previas a las elecciones de octubre de ese año, y luego del hallazgo del cuerpo, afirmó que Santiago se había ahogado sólo. La historia vuelve a repetirse. A horas de las PASO, después de la represión y el asesinato de Facundo Molares, cierra por segunda vez la causa liberando de responsabilidad a la Gendarmería de Bullrich», cuestionó.
El fallo
El fallo emitido por Lleral favoreció al gendarme Emmanuel Echazú, que estaba acusado por la supuesta desaparición forzada de Maldonado, y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, quienes eran señalados por haber cometido delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.
«Puedo afirmar con absoluta certeza que ninguno de los sucesos y ninguna de las acciones humanas analizados son susceptibles de ser considerados delitos, de los tipificados por nuestra ley penal», sostuvo el magistrado en la resolución de 361 páginas en la que decretó los sobreseimientos.
Lleral afirmó que a los gendarmes investigados y todos sus compañeros que participaron del operativo de desalojo «ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona en perjuicio de Santiago Andrés Maldonado, pues, tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener ese juicio de tipicidad y esa atribución penal».
En la misma resolución con la que dispuso los sobreseimientos, Lleral decidió «dejar sin efecto la reconstrucción virtual y la pericia tecnológica oportunamente dispuestas a través del decreto de fecha 28 de octubre de 2022».
Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante un operativo de Gendarmería en el que fue reprimida una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut. El cuerpo del joven fue hallado 78 días más tarde 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez.
«La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo», escribió Lleral.
El juez afirmó que en ese lugar Maldonado «murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que lo perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos».
El magistrado luego escribió que «la desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo».
«Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron», afirmó Lleral.
A párrafo seguido, dio por probado que «allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima».
Además afirmó que «sólo, tal como se hundió, sin que tampoco en ese momento persona alguna lo advirtiera, emergió en el mismo lugar, en el remanso del río donde se había escondido y se había producido su sumersión».
«En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara», sostuvo el juez para luego asegurar que «la verdad es esa».
El 1 de agosto pasado, al cumplirse seis años de la desaparición del joven artesano, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, le había dicho a Télam que «mientras (el expediente) esté en manos de Lleral son pocas las expectativas de que avance la investigación», en tanto «él mismo ya dijo que no hay nada que investigar» en resoluciones anteriores.
«Durante todo este tiempo la familia no sólo tiene el dolor de haber perdido a Santiago, sino el dolor que genera la impunidad y todo el tiempo transcurrido sin respuestas, más todos los agravios que han sufrido como familia», había expresado la abogada que trabaja hace 20 años con casos de desaparición forzada.
«El caso de Santiago fue uno de los ejes de campaña electoral en 2017 y hoy vuelve a serlo», había advertido Heredia 10 días antes de que se conozca el fallo, oportunidad en la que remarcó una diferencia no menor: en aquel entonces Patricia Bullrich era ministra de Seguridad y hoy se postula como precandidata a presidenta con el mismo discurso «de orden y mano dura».