El Ministerio Público Fiscal aclaró que el caso de la productora rural de Salvador Mazza no está relacionado a la trata de personas como había dicho erróneamente la legisladora.
En el marco del plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, que se realiza por el debate de la Ley Ómnibus impulsada por el Ejecutivo Nacional, la legisladora Emilia Orozco se refirió de manera errónea a una causa judicial tramitada en la justicia provincial y donde se encuentran con condena los autores materiales e intelectuales.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, ante la divulgación de información errónea y que no se corresponde con los trámites cumplidos y en el marco de las facultades que lo asisten, considera oportuno realizar aclaraciones ante los dichos de la diputada nacional por Salta, Emilia Orozco en relación al caso Liliana Ledesma.
Destaca además que la causa penal que investigó la justicia de la provincia de Salta por la muerte violenta de la productora rural Liliana Ledesma fue calificada como delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, descartando que se tratara de una situación de trata de personas, como afirmó en el plenario la Legisladora por La Libertad Avanza.
En este contexto se sometió a juicio en primer lugar a quienes se consideraban autores materiales del hecho y con sentencia firme del año 2010 de la Corte de Justicia se condenó -conforme lo solicitado por el M.P.F. y la querella entonces interviniente- a María Gabriela Aparicio, Aníbal Ceferino Tárraga, Lino Ademar Moreno (prófugo) y a Casimiro (“Nene”) Torres a la pena de prisión perpetua y a Patricia Guerra, a la pena de diez años de prisión y Juan Moreno por encubrimiento a la pena de cuatro años de prisión efectiva.
En segundo lugar, y luego de varias postergaciones, en septiembre de 2023 finalmente se pudo realizar en Orán el juicio a los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo como autores intelectuales del crimen y el pasado 3 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, condenó a los hermanos a la pena de prisión perpetua por el hecho.
García Castiella fue enfático en resaltar la política criminal adoptada por el Ministerio Público Fiscal en la lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado y todas las consecuencias que produciría en el territorio provincial. En tal sentido, se realizaron acciones concretas como la creación de la Unidad Especial de Investigación para Orán y Tartagal y la puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia.
En el marco de las acciones necesarias para evitar que la narcocriminalidad se instale en la zona norte de la provincia y produzca consecuencias negativas en la sociedad, como la comisión de hechos ilícitos de diferente naturaleza, se realiza un trabajo continuo, intensivo y con reconocida valentía por parte de los y las fiscales intervinientes, y se produjeron importantes avances, como lo fue la detención de Cristian “El Gringo” Palavecino, quien se encontraba prófugo y fue detenido e imputado por diversos hechos ilícitos vinculados al crimen organizado en la zona de frontera; como así también se encuentran privados de la libertad la mayor cantidad de los hasta ahora visibilizados y sospechados de algún grado de pertenencia al crimen organizado.
También otro accionar de singular relevancia para el combate del flagelo del crimen organizado ha sido el accionar desplegado por la unidad conjunta de UNIDADES DE DELITOS ECONOMICOS Y UFINAR para desmantelar la red de corrupción carcelaria; punto sensible si los hay, para la lucha contra el narcotráfico y las cárceles; actualmente se encuentra tramitándose la instancia de apelación en contra de la medida judicial que les otorgara detenciones domiciliarias a los imputados por el riesgo que ello impone al avance de la totalidad de la investigación, y tramitándose paralelamente las investigaciones por amenazas de muerte a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.
Otra tarea prioritaria que se cumple es lograr la recaptura de Lino Ademar Moreno, acusado de ser el autor material del homicidio de Liliana Ledesma, quien se encuentra prófugo desde el pasado mes de julio, cuando no regresó a la unidad carcelaria luego de una salida transitoria.
Finalmente, cabe recordar que el procurador García Castiella en este contexto, el pasado 28 de septiembre, en ejercicio de las facultades que la Constitución y la Ley le confieren, acusó ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Edgardo Laurenci por considerar que su actuar constituyó mal desempeño e incumplió sus deberes como magistrado jurisdiccional, en relación con la fuga de Lino Ademar Moreno, solicitando su destitución.
La Procuración General de la Provincia, saluda con beneplácito la preocupación de todos los sectores de la sociedad civil y el arco político en general, en la visibilización y puesta en práctica de todas las medidas y acciones que resulten necesarias para impedir el avance del crimen organizado, esfuerzo que debe estar enraizado en una lógica de interés común y núcleo básico de coincidencias, y disgregado por tanto de la agonalidad discursiva, mas aun cuando se esgrimen argumentos imprecisos.