Los acusados estuvieron a cargo del PAMI y la ANSES en Salta durante la gestión de Alberto Fernández. También juzgan a un exconcejal. Están acusados de los delitos de exacciones ilegales y malversación.
Este jueves comenzó el juicio contra la exdirectora ejecutiva del PAMI en Salta, Verónica Molina, el exdirector de Anses, Marcos Vera y el exconcejal capitalino, Fernardo Ruarte, por numerosos delitos en perjuicio de la administración pública.
En el juicio también se apunta contra dos empleados más de la obra social de los jubilados, Gustavo Emilio Gerónimo que ejerció la coordinación del Modelo de Atención Personalizada y Diego Jesús Albornoz, quien fue coordinador Ejecutivo.
El jurado está integrado por los jueces Domingo Batule, presidente; Gabriela Catalano; y Abelardo Barbus. Los magistrados deberán resolver la acusación hecha por el Fiscal Federal, Ricardo Toranzos, quien imputó a los dirigentes de La Cámpora en Salta por exacciones ilegales y malversación de fondos públicos al retener porcentajes de sueldos a favor de la agrupación política, entre otras cosas.
La irregularidad se conoció hace dos años en otro juicio, cuando fueron condenados dos exgerentes del PAMI en Salta por haber recibido de manera indebida la ayuda económica nacional del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante el primer año de la pandemia del COVID, en 2020.
En la oportunidad, los acusados habían contado que estaban obligados a realizar «aportes» a La Cámpora. La organización partidaria oficialista no sólo había cooptado las administraciones del PAMI y la ANSES en Salta sino que también hizo lo propio en todas las gerencias de estas instituciones del país, como parte del acuerdo de la coalición que llevó a Alberto Fernández a la presidencia.
Tras esas confesiones, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, inició una investigación que abrió una caja de Pandora.
Descubrió una serie de evidencias, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado.
Además, en el peritaje del teléfono celular de una de las exgerentes juzgada por el IFE comprobó que la exigencia del pago del 20% provenían de números telefónicos pertenecientes a Vera y Molina.
Toranzos relevó, además, que en la cuenta bancaria de Vera detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del PAMI por un monto de 436.964 pesos (esto entre 2020 y parte del 2021).
Además de los pagos mediante transferencia, la investigación fiscal indicó que los acusados utilizaron el sistema interno de «bolsín» del PAMI, lo que surgió también de los audios y capturas de mensajes. En otros casos, en tanto, los gerentes eran citados a la sede para efectivizar esos aportes espurios.
El concejal de La Cámpora
Toranzos llegó adelante también la acusación contra Vera y Molina por la entrega, a través del PAMI, de electrodomésticos donados por la Dirección General de Aduanas (DGA), que estaban destinados a 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad, pero fueron distribuidos en una campaña proselitista.
El fiscal confirmó, en base a las evidencias reunidas, que los bienes fueron distribuidos en actos de campaña y en favor de Ruarte, en ese entonces, julio del 2021, candidato a concejal de la capital salteña por el Frente de Todos.
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Fernando Ruarte
Sostuvo que la participación de Ruarte surge no sólo de lo difundido por algunos medios locales, sino también por un posteo efectuado por el mismo acusado en las redes sociales. Pero para mayor precisión, mencionó lo declarado por algunas de las personas que recibieron los electrodomésticos.
Al referirse al marco de entrega de esos bienes, los beneficiarios dijeron que, en ningún momento, se aludió al PAMI como promotor de los beneficios, sino que todo fue promovido por dirigentes de «La Cámpora», quienes pidieron a cambio su apoyo al Frente de Todos en los comicios electorales.
Las irregularidades en las oficinas del PAMI salteño arrancaron apenas asumió la directora Verónica Molina junto a su gabinete. La indignación empezó a crecer cuando empezaron los nombramientos en puestos jerárquicos del organismo de personas sin ningún tipo de experiencia en la función pública y se vieron manejos en la institución que más tienen que ver con los de una unidad básica política, que con los que debería tener un organismo que asiste a 115 mil jubilados y pensionados de la provincia.