Hay 14 personas imputadas y, finalmente, se logró detener al cabecilla de la banda que amenazaban con armas de fuego, sustraían bienes y extorsionaban a bagayos de Aguas Blancas.
El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, imputó de forma provisional a José Gabriel Salto como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma fuego en despoblado y en banda, extorsión, coacción agravada por el uso de arma y asociación ilícita en concurso real.
El acusado fue detenido en actitud sospechosa transportando una rueda de auxilio y al ser demorado, se pudo comprobar que tenía pedido de detención vigente en una causa con requerimiento a juicio para otras 14 personas, entre hombres y mujeres por numerosos hechos delictivos.
Los hechos ocurrieron de manera sucesiva durante el mes de enero de 2022 en una finca ubicada detrás del Puesto 28 de Gendarmería Nacional, paralela a la ruta nacional 50, que es utilizado como un paso clandestino.
Allí los acusados, de manera organizada y con distribución de roles, lograron imponerse por la fuerza, con amenazas con armas, coerción, extorsión para cobrar peaje a los pasadores, incluso apoderándose de su mercadería, la que acopiarían luego en la ciudad de Orán para venderla.
Se pudo determinar que los acusados cometieron delitos munidos de armas (de fuego y armas impropias) no solo en el trayecto de Aguas Blancas hacia la ciudad de Orán sino también en fincas que lindan con Rio Bermejo, constituyendo una especie de aduana paralela.
Las personas requeridas a juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, son Bruno Alfonso Tapia, Carlos Tapia, Pablo Tapia, Franco Félix Tapia, Gustavo Nahuel Ponce, Segundo Eduardo Reyes, Héctor David Pérez, Silvio Alavila, Joahana Maribel Juárez, Griselda Guantay, Etelvina Susana Romero, Daiana Ayelen Virarey, Mariela Borda y Eulogia Inés Mendoza como coautores del delito de robo calificado por el uso de arma fuego en despoblado y en banda, extorsión, coacción agravada por el uso de arma y asociación ilícita en concurso real.
Los hechos investigados ocurrieron de manera sucesiva durante el mes de enero de 2022 en una finca ubicada detrás del Puesto 28 de Gendarmería Nacional, paralela a la ruta nacional 50, que es utilizado como un paso clandestino.