El Jurado de Enjuiciamiento resolvió, por unanimidad, declarar la admisibilidad formal de la acusación presentada por el Procurador contra el Juez de Garantías de Orán.
Con la apertura formal, tras la detención que se realizó la mañana de este miércoles, el tribunal dio inicio al juicio que la Ley 7138 prevé para determinar la responsabilidad del magistrado sobre los hechos que se le adjudican y, en consecuencia, definir su continuidad en el cargo.
El Jurado deberá concluir el proceso en un plazo máximo de cuatro meses. La acusación se basa en que su accionar habría sido contrario a las exigencias legales y constitucionales propias del cargo, entendiéndose que la conducta del magistrado lesiona el servicio de justicia y deslegitima su permanencia. «Tenía un tarifario para las causas»; sostuvo el Procurador Pedro García Castiella en declaraciones públicas.
En la presentación realizada a principios de septiembre se detalla y acompaña documentación que expone el manejo irregular de varios casos por parte del magistrado, lo cual se plasmó en decisiones contradictorias, arbitrariedades en la concesión de beneficios infundados a personas imputadas por hechos graves y, en algunos casos, reiterados. Todo ello se agrava con la sospecha de que dichos privilegios procesales eran abonados en dinero, en varios casos con personas vinculadas a organizaciones criminales y narcotraficantes. Si bien los delitos de cohecho en los que se encuentra imputado Parisi forman parte de las respectivas causas penales que se encuentra en proceso, la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento no se basa en esas acusaciones, sino en el objetivo desmanejo de los casos, que resulta evidente de la sola compulsa de los expedientes que se encontraban a su cargo.
La reunión fue encabezada por la Presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo, con la presencia del juez de Corte Pablo López Viñals; el Senador Jorge Pablo Soto, en representación de la mayoría de la Cámara de Senadores; el Senador Javier Mónico Graciano, por la minoría de la Cámara de Senadores; el Diputado Esteban Amat, designado por la mayoría de la Cámara de Diputados; el Diputado Juan Carlos Roque Posse, por la minoría de la Cámara de Diputados; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; Luis Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, abogados de la matrícula designados respectivamente por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.