El requerimiento lo realizó la Asesoría General de Incapaces de la Provincia, pidiendo medidas urgentes para los grupos más vulnerables.
La asesora general de Incapaces de la Provincia, Mirta Lapad, manifestó en un escrito su preocupación por el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia de COVID-19 y pidió medidas urgentes para los grupos más vulnerables.
La presentación con tenor de requerimiento fue realizada al ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa. La funcionaria requirió además que se le informe específicamente «cuál es el plan de acción integral para el regreso a clases progresivo, gradual y seguro» que se aplicará en 2021.
«La situación sanitaria durante este año obligó a implementar estrategias de educación a distancia con un alcance desigual para los niños y puso en evidencia la inequidad que ya existía en cuanto al acceso a recursos tecnológicos, conectividad y posibilidad de acompañamiento del proceso de aprendizaje desde el hogar de cada niño y adolescente de la provincia», sostuvo Mirta Lapad en una nota.
La magistrada citó datos del informe que publicó el 9 de octubre Unicef sobre cómo repercutió la pandemia en la educación en América Latina y el Caribe. El documento señala que el cierre de las escuelas impactó especialmente en los niños y jóvenes en zonas rurales con baja conectividad, que tienen menos acceso a modalidades de educación a distancia efectivas.
También quedaron en una situación de desigualdad los niños en hogares monoparentales o con bajo nivel educativo donde los padres no pueden ofrecer acompañamiento ni un ambiente propicio para el estudio.
Se resaltó que otros grupos que requieren atención son los de niños de poblaciones indígenas y aquellos con discapacidad, quienes se verán afectados de manera desproporcionada en la medida en que las soluciones de educación a distancia no se ajusten a su lenguaje o necesidades para el aprendizaje.
En una de las provincias con mayor proporción de población perteneciente a comunidades originarias, con una matrícula importante de alumnos en escuelas rurales de zonas dispersas y con estimaciones de Unicef que indican que el 68 por ciento de los niños, niñas y adolescentes estará bajo la línea de la pobreza a fines de 2020 en el NOA, Mirta Lapad consideró que es urgente generar políticas para garantizar el derecho a la educación.
La asesora general de Incapaces sostuvo que las nuevas tecnologías resultaron una herramienta útil para superar los obstáculos que impedían la presencialidad, pero que «ante una realidad que se va a extender en el tiempo resulta imprescindible planificar la reapertura de los establecimientos educativos a fin de concentrar los esfuerzos con medidas concretas que permitan el regreso progresivo de los niños a las aulas».
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