La convocatoria se realiza en un marco de tensión tras la eliminación del Incentivo Docente, que representaba entre el 10% y el 14% de los sueldos. Los gremios habían anticipado paros.
Luego de amenazar con declarar a la educación como «servicio esencial» para intentar restringir las medidas de fuerza previstas para el inicio de clases, el Gobierno convocó para el próximo martes a los gremios docentes con representación nacional y a los ministros de Educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para «iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente», informaron fuentes oficiales.
La reunión, convocada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, se realizará el próximo martes 27 de febrero a las 18 en la avenida Leandro N. Alem 650, Piso 18, de la Ciudad de Buenos Aires, un día después de la fecha de inicio del ciclo lectivo en gran parte del país.
Según señalaron fuentes oficiales, el Gobierno nacional estará representado por la Secretaría de Educación, que conduce Carlos Torrendel, mientras que de parte de las provincias participarán los ministros o secretarios de las respectivas carteras educativas, quienes conforman el Consejo Federal de Educación. También asistirán los gremios docentes con representación nacional.
La convocatoria se da en un marco de tensión con los gremios docentes agrupados en la CGT que, afectados por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente -que representaba una cifra de entre el 10% y el 14% de los sueldos-, habían anticipado posibles medidas de fuerza si no eran convocados a la paritaria nacional.
Las señales del Gobierno, solo mostraban hostilidad: en los últimos días, el vocero presidencial Manuel Adorni se había desligado de la paritaria docente señalando que los sueldos y sus aumentos correspondían a las negociaciones que pudieran llevarse adelante en las provincias.
Este miércoles, Adorni fue incluso más lejos y apuntó directamente a la organización gremial de los docentes, anunciando la posibilidad de declarar a la educación como «servicio esencial», acto que limitaría la capacidad de los sindicatos para encarar medidas de fuerza.
Milei ya había intentado establecer a la educación como «servicio esencial» a través de la Ley Ómnibus, que sufrió una dura derrota en el Congreso, y a través de un capítulo del DNU 70 que se encuentra actualmente suspendido por una resolución judicial.