La exsecretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, alertó, en un punteo detallado, las irregularidades que podría esconder el Decreto de Necesidad y Urgencia que publicará el gobierno ultraderechista.
La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra alertó que el presidente Javier Milei realiza una «avasallamiento a la división de poderes», ya que la herramienta no está prevista para «modificar o derogar normas de fondo» y que el Ejecutivo deberá fundamentar » el porqué de la urgencia y la necesidad» de no esperar los tiempos para debatirlo en e Congreso. «Habrá responsables», adelantó.
La ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández detalló el recorrido legal que debe tener un DNU antes de ser firmado por el presidente y advirtió que, según trascendidos, el decreto que anunciará Milei estaría redactado por «estudios jurídicos privados» e indicó que, en caso de que ese trabajo haya sido pagado por el Estado, podrían abrirse «hipótesis delictivas por corrupción».
La expectativa, según los trascendidos, es que el DNU de Milei avanzar sobre la legislación laboral, leyes jubilatorias, alquileres, ajuste de la administración del Estado y privatización de empresas públicas, entre otros puntos críticos. Todos contenidos en unos 600 artículos, que después deberán ser revisados por una Comisión Bicameral en el Congreso, pero que — de acuerdo a la Ley 26.122– se mantendrá vigente en caso de que no sea rechazado por la mayoría de ambas cámaras.
En ese contexto, Vilma Ibarra escribió un posteo en sus redes sociales para encender tres alarmas respecto del mega DNU: el avance sobre la división de poderes, la autoría del documento y la validez constitucional de un decreto que avance no sobre un aspecto en particular sino sobre un amplio marco legal que rige la vida social y económica del país.
MEGA-DNU Alarma 1
1- La CN autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia. Si un DNU deroga 300 leyes y modifica otras tantas el PEN se arroga facultades legislativas vedadas. Es un avasallamiento a la división de poderes.— Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) December 20, 2023
La primera alarma encendida por Ibarra respecto del temido decreto presidencial es su avance sobre el sistema democrático. «La Constitución Nacional autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia. Si un DNU deroga 300 leyes y modifica otras tantas el PEN se arroga facultades legislativas vedadas. Es un avasallamiento a la división de poderes», apuntó la ex secretaria de Legal y Técnica y lo calificó como una «decisión inconstitucional, antirrepublicana y que inicia un camino de autoritarismo».
La segunda alarma que marcó Ibarra, con amplio conocimiento en la función, fue el camino recorrido por el decreto y los pasos legales que debería seguir. En ese sentido, la ex funcionaria explicó que el proyecto del decreto debe confeccionar en base a informes técnicos, con un dictamen jurídico y con la participación de todos los ministerios afectados.
Realizada esa tarea, la Secretaría Legal y Técnica –en este caso a cargo del ex funcionario macrista Javier Herrera Bravo– debe analizar el decreto y las facultades constitucionales del presidente para avanzar en su firma, lo que debe dejarse sentado en un informe de la Subsecretaría Técnica y en un dictamen del área jurídica.
Este paso a paso, Ibarra lo detalló para advertir que «todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados» y abre el interrogante: «¿quién elaboró este DNU?». La ex funcionaria señaló que de confirmas que hubiesen sido estudios jurídicos privados sería un antencedente «gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse» y que si se las pagó con plata del Estado podrían abrirse «hipótesis delictivas por corrupción».
«Hace a la trasparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego soen beneficiados por las medidas allí dispuestas», exigió la ex secretaria Legal y Técnica, quien también fue compañera de trabajo de Milei en la Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian.
Por último, Ibarra analizó la validez constitucional del DNU al advertir que las modificaciones dispuestas con esta herramienta deben tener «fundamentación suficiente y dictamen jurídico para explicar por qué hay necesidad y urgencia que impiden esperar el tiempo que demanda la sanción de una ley».