Este viernes se realizaron allanamientos por la muerte del hermano del Intendente de Aguas Blancas. Aunque hay pruebas que vinculan el hecho a un ajuste narco, los jueces pusieron insólitos contratiempos.
Los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, informaron que en el marco de la investigación que llevan adelante por el homicidio calificado de César «Oreja» Martínez, ocurrido el pasado mes de noviembre, se concretaron un total de 6 allanamientos con orden de secuestro en domicilios vinculados a personas del grupo familiar e íntimo del fallecido.
El pedido realizado al Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, a cargo del juez Francisco José Oyarzú, era para allanar 9 domicilios, tres de los cuales considerados claves, fueron denegados, siendo uno de ellos, ubicado en la zona de frontera, atribuible al hermano de Martínez, el actual Intendente de Aguas Blancas. El Juez también rechazó el pedido realizado por los Fiscales para secuestrar su celular.
Los integrantes de la Unidad Fiscal resaltaron la complejidad de la investigación que llevan adelante y el entorpecimiento que representa para la misma la denegación por parte del Juez de allanamientos, secuestros y otras medidas consideradas fundamentales para el esclarecimiento del hecho. En ésta misma investigación el Juez de Garantías 2 de Orán había denegado en fecha 28/11/23 allanamientos solicitados por los Fiscales y luego el Juez de Garantías 1 en fecha 19/01/24 denegó autorización para extraer datos de un teléfono celular secuestrado, retrasando considerablemente el avance de la investigación, modificándose ésta situación ante la apelación instada por la unidad fiscal, que fue favorablemente resuelta por el Tribunal de Impugnación de fecha 21/03/24.
En cumplimiento de la medida, personal de la Unidad Especial de Investigación Norte, dependiente del CIF, secuestró un total de 16 teléfonos, 2 DVR, una notebook y un cargador de un arma de fuego que serán analizados.
En relación a los secuestros efectuados en la causa, aclararon los Fiscales que uno de los celulares corresponde al Jefe Comunal y hermano de la víctima y que ante la negativa del juez Oyarzú para su secuestro, mantuvieron el mismo en uso de las facultades que les confiere el artículo 310 tercer párrafo del Código Procesal Penal, ya que la sentencia que rechaza el allanamiento de los tres domicilios denegados y el secuestro del teléfono no está firme y será recurrida por el Ministerio Público Fiscal, ya que se considera que la misma impide el avance de la investigación.