El exvicepresidente Amado Boudou presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone, al considerar que enfrentó un proceso «amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado».
En su denuncia, planteó que la primera garantía que se violó en su proceso fue la de la «legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución».
En una presentación de 22 carillas, sostuvo que «junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros» fue «objeto de una campaña de persecución judicial», apenas terminó su mandato, en 2015, durante el Gobierno de Mauricio Macri.
La presentación, que lleva la firma de Boudou con el patrocinio del abogado Alejandro Rúa, fue realizada por el exvicepresidente al agotarse la vía de reclamo judicial en la Argentina, tras la confirmación de su condena de cinco años y 10 meses de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2020, que ratificó lo actuado por los tribunales inferiores.
