La Corte de Justicia de Salta concedió un amparo contra la ordenanza que disponía la destitución de Fernando Almeda por defraudación y mal desempeño de sus funciones.
La Corte de Justicia de Salta concedió libremente y con efecto suspensivo el recurso de apelación contra la ordenanza dictada el 25 de agosto de 2021 por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Cafayate y que había dispuesto la destitución del Intendente.
En consecuencia y al no encontrarse firme la decisión apelada, el Intendente podrá seguir en el ejercicio de sus funciones hasta tanto la Corte de Justicia se expida acerca del recurso, lo que no tiempo establecido y podría demorar varios años.
La destitución del jefe comunal fue dispuesta por el Concejo Deliberante en agosto del año pasado, tras dos meses de análisis de denuncias por defraudación y mal desempeño de sus funciones.
Los ediles habían conformado una Comisión Investigadora y presentaron pruebas que terminaron determinando, votación mediante, la destitución de Almeda.
El juicio se inició por varias causales, entre ellas, denuncias penales contra el intendente, como las obras inconclusas en el barrio Finca el Socorro II, y la adquisición de una adoquinera en 2016, que dejó de funcionar tres años más tarde y que incluso estuvo a punto de ser cedida a un empresario local. Según dijo la entonces presidenta de la Comisión Investigadora, la concejala Patricia Castro, se trata de Julio Lávaque, sospechado de actuar como socio a las sombras de Almeda. “Nunca nos contestó un pedido de informe sobre ese tema, y la máquina fue adquirida con lo recaudado en la Serenata (a Cafayate)”, relató la edil.
La de Finca el Socorro II le valió al jefe comunal la imputación por parte de la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, que lo acusa de haber entregado el loteo supuestamente con la obra al 100%, pero a la que en realidad le faltaban detalles imprescindibles para vivir como la construcción de un canal de agua potable con su respectiva cisterna. Esa obra, que debía culminar en 2019, continúa en ejecución y, según informaron los ediles locales, se siguen enviando fondos desde la provincia. Salinas Odorisio también lo imputó por “la condición infrahumana de hacinamiento en que se encuentran los beneficiarios del loteo”, y por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
En la destitución aprobada por los concejales -y detenida por la Corte de Justicia de Salta- también se señala una lista de informes solicitados por el cuerpo deliberativo al municipio y que nunca fueron contestados, “son 98 pedidos de informe económicos y financieros que nunca se dignó a contestar”, describió Castro.