Luis Yudi, juzgado junto a otros cuatro imputados y a los hermanos Delfín y Raúl Castedo por asociación ilícita y lavado de activos, estuvo prófugo por más de un mes y medio en Siria.
El Tribunal Oral Federal N°1, a instancia de un planteo del fiscal general Carlos Martín Amad, ordenó la prisión domiciliaria de Luis Yudi, uno de los siete imputados que son juzgados desde el tres de noviembre pasado por el delito de asociación ilícita y lavado de activos.
Yudi, cabe señalar, es juzgado junto a su hermano Alberto y a un hijo de éste, de nombre Mario; Delfín Castedo, su ex mujer Melba Araujo, su hermano Raúl y el martillero público Eduardo Torino, acusados de conformar una organización narco criminal dedicada al narcotráfico a gran escala en el norte de la provincia.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek. La acusación, en tanto, es dirigida por el fiscal Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, ambos en presentación de la PROCUNAR NOA, la que llevó adelante la investigación del caso.
El Tribunal reanudó el debate, instancias en la que el fiscal Amad solicitó la prisión domiciliaria de Yudi, ya que la conducta puesta de manifiesto al salir de viaje sin dar aviso, puso en crisis la realización del juicio.
Al fundamentar su pedido, explicó el derrotero realizado por Yudi, entre el 27 de julio y el 19 de septiembre pasado. Indicó que salió por el paso de Salvador Mazza, donde reside, hacia Bolivia. Desde allí, se dirigió a Madrid, en España, para luego viajar a Turquía.
El 26 de agosto, en tanto, registra una visita de un día en El Líbano, tras lo cual se dirigió a Siria por 15 días, para luego emprender el regreso a este país por la misma ruta, siendo detenido el viernes pasado, cuando ingresó por Migraciones, en Salvador Mazza.
La ausencia de Luis Yudi fue descubierta el miércoles pasado, cuando se informó sobre la notificación que personal de Gendarmería Nacional realizó en su vivienda, circunstancias en que un empleado reveló que el acusado se había ido de viaje a Siria y que regresaría en 15 días.
Pariente enfermo
Ante ello, la fiscalía solicitó la captura nacional e internacional del imputado, medida que fue convalidada por el tribunal, como así también otras medidas requeridas, entre ellas la retención de pasaporte del resto de los acusados y, en el caso de Araujo, Alberto Yudi y su hijo Mario, la obligación de presentarse diariamente ante la dependencia de Gendarmería.
A su retorno, Luis Yudi fue detenido y participó de la audiencia, en la cual explicó que realizó el viaje a Siria para visitar a un pariente enfermo. Aunque reconoció que fue una “torpeza”, pues lo hizo sin pedir la autorización judicial del caso, trató de justificar su accionar en el hecho de que no registraba prohibición de salir del país.
Este argumento, sin embargo, fue destruido por el fiscal Amad al resaltar que estaba notificado de las audiencias programadas. “Con la conducta demostrada, el acusado dejó en claro que puede fugarse cuando quiera”, sostuvo el fiscal, para luego requerir que se disponga la medida requerida, al menos, hasta que se dé a conocer el veredicto del juicio.
Asimismo, pidió que se remitan las grabaciones de las cinco audiencias que estuvo ausente a fin de que tome conocimiento del contenido de las mismas, y así evitar posibles planteos de nulidad por parte de su defensa, solicitud que también fue aceptada y dispuesta por el tribunal, al igual que la aplicación de una pulsera electrónica.
Posteriormente, se dio paso a la incorporación por lectura de una serie de pruebas documentales, para finalizar la audiencia con las declaraciones de Torino, Delfín Castedo y Araujo, quienes insistieron en negar las acusaciones y brindar explicaciones sobre determinados hechos, sin llegar a afectar la teoría de la acusación.
Cerrada la etapa de pruebas, el tribunal dispuso el inicio de los alegatos a partir del 28 de septiembre, oportunidad en la que la Unidad de Información Financiera, en calidad de querellante y representada por las abogadas Emilia Figueroa, presentará su pedido al tribunal respecto a los acusados. El 12 de octubre, en tanto, lo hará la fiscalía.
Hipótesis criminal
A lo largo del debate, la fiscalía sustentó el rol criminal de cada uno de los imputados, en particular de Delfín Castedo, quien actuó como “jefe” de una asociación ilícita, de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y con capacidad para articular acciones destinadas a sostener el desarrollo de la actividad delictiva en el tiempo.
De manera meticulosa, tanto con prueba testimonial como documental brindó sustento a las operaciones ejecutadas por esta organización en las provincias de Salta y Buenos Aires, maniobras que tuvieron por finalidad la comisión de hechos de tráfico ilícito de estupefacientes y la conversión, transferencia, administración y venta de bienes provenientes de ese tráfico, con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de origen lícito.
Además, se estableció que la asociación criminal también se dedicó a la perpetración de los delitos de amenazas, homicidio, tenencia de armas, cohecho, infracción a la ley de fronteras y falsificación y uso de documentos apócrifos.
En esta línea, se probó la participación de los Yudi, quienes se identificaron como una familia de comerciantes de Salvador Mazza, en las actividades dirigidas por los Castedo. Con respecto a Araujo y Torino, la fiscalía demostró que fueron miembros funcionales de la organización con un rol específico en el lavado de activos de origen ilícito.