Mediante un recurso extraordinario, la expresidenta reclama que le modifiquen las condiciones de su prisión domiciliaria. También recusó a Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple la prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, quiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta la negativa a que le retiren la tobillera electrónica y las limitaciones del régimen de visitas. La presentación fue hecha por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy ante la Cámara Federal de Casación que debe admitir el recurso para que los planteos suban a la Corte. En caso de que no se lo conceda, a la defensa solo le quedará el recurso de queja directa ante el máximo tribunal del país.
El Tribunal Oral Federal 2 había determinado cuáles deberían ser los requisitos para el cumplimiento de la condena de la líder justicialista e indicó que tendría que usar un «dispositivo de vigilancia electrónico» y que las visitas deberían ser previamente aprobadas por la Justicia. Ante este panorama, el abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario para lograr que la expresidenta no tenga que utilizar una tobillera mientras cumple su condena en San José 1111. La defensa argumentó en su momento que, teniendo en cuenta la custodia constante que tiene CFK, no era necesario el uso de un dispositivo electrónico para asegurarse del cumplimiento de la condena.
El escrito de la titular del PJ nacional dice que “la colocación de una tobillera de monitoreo electrónico solo resulta legítima en la medida en que resulta indispensable para asegurar el estricto cumplimiento de la pena. Por ello, la medida cuestionada debe ser revocada, dado que no existe riesgo alguno que justifique el uso de una tobillera electrónica por parte de CFK. Tal peligro ni siquiera fue invocado por el TOF Nº 2 ni por la Sala IV de la CFCP, ni tampoco surge de los informes producidos por las áreas técnicas intervinientes”.
La querella también se quejó del estricto régimen de visitas al que es sometida la expresidenta. Los letrados indicaron que es «una medida que no puede ser convalidada, máxime cuando surte un efecto estigmatizante que nada tienen que ver con la aplicación justa de la ley penal». Y resaltaron que va en contra de la normativa: “En lo que respecta al régimen de visitas instaurado, en nuestra impugnación explicamos que esta medida resulta arbitraria y lesiva del plexo constitucional“.
CFK cumple con la condena penal de seis años de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111 por el caso Vialidad, en el que se le atribuyó una administración fraudulenta con perjuicio al Estado estimado en 537 millones de dólares. A mediados de julio, la Cámara de Casación Penal resolvió que Cristina Fernández de Kirchner debía seguir usando tobillera electrónica y que se mantenían las restricciones a las visitas. En ese momento, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña confirmaron las restricciones tendientes a que cualquiera que quiera ser recibido en su domicilio tendrá que mandar una solicitud que será evaluada por el Tribunal. Desde ese momento, solo tienen permiso para ingresar aquellos que estén en una lista entregada por la defensa de CFK y que comprende a su familia, sus abogados y un puñado de personas más. Por su parte , Borinsky emitió un voto disidente: aseguró que deberían eliminarse estas restricciones porque la medida no se encuentra prevista por ninguna norma y se vulneran así los artículos 18 y 19 de la Constitución.
Además, en el escrito Beraldi destacó que “la normativa vigente no faculta a los magistrados a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá del acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”.
Otro de los argumentos de la defensa de Cristina Férnandez Kirchner tiene que ver con la inexistencia de situaciones similares para otras personas condenadas. “No se conocen antecedentes en los cuales se hayan establecido restricciones similares respecto de personas que cumplen pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, de modo que la medida cuestionada determina una clara violación al principio de igualdad ante la ley», agregaron.
La recusación a la Corte
Mediante un recurso extraordinario, la expresidenta reclama que le modifiquen las condiciones de su prisión domiciliaria. También recusó a Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.Pero Cristina Kirchner, además, recusó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Los abogados de la expresidenta pretenden que el recurso sea resuelto por conjueces y solicitó que antes de revisar el planteo se realice el sorteo correspondiente. Uno de los argumentos sostiene que el máximo tribunal «no dio respuesta al agravio relativo a la implicancia que supone que jueces y fiscales que intervienen en un proceso en el que el Poder Ejecutivo participa como parte se reúnan en secreto con sus máximas autoridades».
En relación con ese punto, los abogados indicaron que la Corte Suprema tampoco respondió sobre «el agravio referido a que los jueces que dictan una sentencia condenatoria introduzcan argumentos de cargo decisivos, con los que fundan la condena, que nunca fueron planteados por los fiscales y que, por ende, nunca fueron debatidos en el juicio. Esta cuestión revestía especial relevancia en el caso, dado que uno de los motivos de recusación consistía en la relación de amistad entre el juez Giménez Uriburu y el fiscal Luciani». Esta última parte tiene que ver con una revelación de Página/12, que en 2022 mostró fotos en los que se veía a al fiscal Diego Luciani —vehemente acusador de la expresidenta— en el mismo equipo de fútbol que el presidente del tribunal que actuaba en el caso, Rodrigo Giménez Uriburu, y que, además, lo hicieron en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos, cuando era el Presidente de la Nación.
Otro de los puntos sostiene que los supremos no dieron respuesta al planteo de que «los fiscales ampliaron su acusación al formular su alegato y que con relación a estos hechos no se permitió ejercer a nuestra defendida su derecho a ser oída».
Otro juicio en curso
La referente política deberá presentarse el próximo 6 de noviembre ante Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, por el inicio del juicio oral por la «causa de los Cuadernos», en el que se investigan supuestos pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios de sus gobiernos y de Néstor Kirchner.
El Tribunal confirmó la fecha de inicio del juicio y ratificó los embargos dispuestos contra los más de 140 imputados, por una suma que supera los 1.100 millones de dólares. El proceso judicial se realizará de manera completamente virtual.
El juicio oral contará con la participación de 630 testigos, y Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber recibido coimas para direccionar contratos de obra pública.