Con la presencia de especialistas en derecho, retomó el debate de los proyectos de ley que modifican la ley orgánica del Ministerio Público con respecto a la duración del cargo del Procurador General de la Nación.
Especialistas en materia jurídica coincidieron en la necesidad de establecer un límite de tiempo a la duración del mandato del Procurador General de la Nación, así como en modificar el reglamento para designar al jefe de los fiscales con mayoría simple, en una audiencia realizada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
La disputa por la designación del jefe de los fiscales terminó de generar un cuadro extraño: el Presidente mantiene su postulante(Rafecas), la vicepresidente condiciona esa designación y la oposición, aún con codazos en sus filas, le plantea al Presidente un acuerdo para superar el juego de poder que impone la vice.
Paralelamente, la cámara alta, impulsada por Oscar Parrilli, impulsó la presencia de especialistas en derecho, para que se expidan sobre los proyectos de ley que modifican la ley orgánica del Ministerio Público con respecto a la duración del cargo del Procurador General de la Nación, que en la actualidad no tiene límite más que el de la edad, de 75 años.
El análisis en el Senado se apoya en tres proyectos de ley presentados por los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell para modificar la Ley del Ministerio Público con respecto a la duración de los mandatos.
El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y Profesor de Posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder, recordó que «todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público» y agregó que también tomaron ese camino Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Es conveniente. El desgaste de la persecución penal hace que haya un consenso muy amplio alrededor de que debe existir un plazo porque, de lo contrario, se termina en una transferencia muy nociva hacia entornos burocráticos que generan graves distorsiones en el sistema político», afirmó.
No obstante, si bien aceptó que «un plazo de seis años acentuaría la autonomía del fiscal» porque «permite establecer una política de persecución penal», podría convertirse en un «problema» un eventual cambio de «signo político» del Gobierno.
En cuanto a las mayorías necesarias, Binder reflexionó: «Si se opta por un mandato de cuatro años, con cambio de Gobierno y de Procurador, el número de la mayoría se puede relajar» y pasar de dos tercios, como es actualmente, a la mitad más uno de los votos de los integrantes del Senado.
Coincidió con Binder el abogado Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación y abogado de, entre otros, el expresidente y hoy senador Carlos Menem, del excolaborador del fiscal Alberto Nisman, Diego Lagomarsino; y del exministro de Planificación Julio De Vido.
«El ministerio público es el formulador de la política criminal del estado. No puede haber contradicciones con otros poderes», afirmó.
Analizó que «la política criminal tiene que estar muy influida por el Gobierno» y postuló una «reducción» del mandato y que los procuradores «rindan exámenes anuales”.
Finalmente Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, planteó que en una República «hay periodicidad para todos” y adjudicó a los procuradores un «rol decisivo porque tienen a su cargo el diseño de la política de persecución penal».
«La periodicidad no la discute nadie. ¿Quién va a defender que una persona que maneja una estructura con tanto poder pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, afirmó.
La discusión de la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal continuará el próximo lunes desde las tres de la tarde con una nueva ronda de audiencias, según informó el presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista neuquino Oscar Parrilli.