El hecho ocurrió el 30 de noviembre pasado. Los acusados fueron detenidos y la víctima rescatada. La fiscalía pretende una penas de entre 12 y 17 años de prisión.
El juez federal de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, decretó la apertura a juicio del caso seguido contra cuatro jóvenes imputados por el delito de secuestro extorsivo doblemente agravado por la edad de la víctima y por la participación de tres o más personas.
Esta resolución se dictó en el marco de la audiencia de control de acusación, llevada a cabo entre el 2 y 6 de junio. En ese marco, el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, y su auxiliar fiscal, Facundo Mirabella, ratificaron la imputación penal y rebatieron varios cuestionamientos y planteos, entre ellos el pedido de sobreseimiento de uno de los acusados.
Asimismo, se determinó que los acusados -Franco Jerónimo y Héctor Mario Campos, Héctor Joaquín Emanuel Rodríguez y Ezequiel Maximiliano Toledo- sigan con prisión preventiva efectiva hasta la fecha del debate, que estará a cargo de un tribunal colegiado.
Además de la imputación principal, y a pedido de la fiscalía, se resolvió que Héctor Campos y Toledo también respondan por el delito de resistencia y atentado a la autoridad, en concurso real. Respecto a la estimación de penas, la fiscalía mantuvo el pedido provisorio, el cual oscila entre 12 y 17 años de prisión.
La querella, por su parte, adhirió a la imputación penal impulsada por la fiscalía y solicitó la pena de 17 años de prisión para todos los acusados. La actoría civil, en tanto, planteó una demanda por cinco millones de pesos en carácter de resarcimiento por daño moral, psicológico y psiquiátrico, la cual también fue admitida.
Respecto a las pruebas que se llevarán a juicio, aspecto que también integra esta audiencia, las partes debatieron ampliamente la utilidad de las evidencias propuestas, tanto para el juicio de responsabilidad penal como para la etapa de determinación de la pena.
La querella adhirió a la imputación penal impulsada por la fiscalía y solicitó la pena de 17 años de prisión para todos los acusados. El actor civil planteó una demanda por cinco millones de pesos en carácter de resarcimiento por daño moral, psicológico y psiquiátrico.
Planificado
En el inicio de la audiencia, y asistido por los investigadores Carolina Aráoz, Nicolás Dubois y Pablo Carraro, el fiscal repasó el secuestro de Víctor Giménez, presidente del directorio de la empresa de transporte El Cóndor SA, ocurrido el 30 de noviembre del año pasado, cuando se dirigía a las instalaciones de la firma, en la avenida Ragone N°1, en la zona este de la ciudad.
Explicó que, a poco de llegar y a primera hora de la mañana, Héctor Campos junto a Toledo fueron los encargados del secuestro del empresario, para lo cual se disfrazaron de policías y simularon un control sobre una calle de acceso a la empresa.
Añadió que, con la ayuda de Rodríguez, quien vigilaba el trayecto de la víctima desde otro sector, los acusados pudieron reducir a Giménez, a quien mantuvieron cautivo en la pieza de una vivienda del barrio Los Paraísos, en la misma zona. Ese lugar había sido rentado un día antes por los hermanos Campos.
La fiscalía agregó que, desde allí, los acusados solicitaron a media mañana el rescate del empresario, por cuya vida pedían 50 millones de pesos, cifra que redujeron luego a 5 millones. Previo a ello, habían intentado transferir dinero desde el teléfono celular de Giménez, pero al manipularlo se bloqueó y la maniobra se frustró.
También expuso que, en otro intento de sacarle provecho a la empresa delictiva, Héctor Campos se presentó en una concesionaria local para vender la camioneta del empresario, marca Mercedes Benz, operación que se volvió a frustrar debido al uso de documentos falsos por parte del acusado, quien se retiró con el rodado.
El representante del MPF repasó que, al caer la tarde, el mismo día del secuestro, Rodríguez y Franco Campos, a cargo del cobro del rescate, fueron detenidos en un auto VW Voyage, mientras los otros dos acusados circulaban por los alrededores en la camioneta del empresario con la víctima.
Al ser detectados, narró el fiscal, la policía procedió a la persecución de la camioneta por varios minutos hasta ingresar al barrio San Calixto, también de la zona. En ese lugar, la policía le dio alcance e intentó detenerlos, pero Héctor Campos, quien iba al volante, siguió con la fuga.
Explicó que, más adelante, Toledo se lanzó de la camioneta y siguió la fuga a pie, en tanto que Campos terminó estrellándose contra la pared lateral de una casa, tras lo cual también escapó. Giménez, quien quedó en el rodado maniatado, fue rescatado y asistido debido a lesiones que sufrió por el choque. Posteriormente, Campos y Toledo, quienes ya habían sido identificados, fueron detenidos.
El fiscal remarcó que, como resultado de la investigación, se pudo saber que los hermanos Campos y Rodríguez tienen familiares que se desempeñan en la empresa dirigida por la víctima y que los acusados estaban al tanto de todos sus movimientos.
Cooperación
La resolución del caso, el cual causó un fuerte impacto en la comunidad local, se obtuvo gracias a un trabajo conjunto entre el Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta, la Procuración General de la Provincia, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE).
El fiscal explicó que la alerta que dio inicio al caso se realizó ante el mismo procurador de la provincia, Pedro García Castiella, quien designó al fiscal Ramiro Ramos Ossorio y dispuso la intervención de la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la provincia, compuesta por efectivos de la policía provincial.
Expuso que, a partir de lo relatado por un hijo del empresario, a quien los secuestradores contactaron para el cobro del rescate, el fiscal provincial y el titular del Área de Casos Complejos trabajaron de manera conjunta, tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal.
En ese marco, precisó que se dio intervención a la DAJuDeCO, a fin de avanzar con la identificación del número de teléfono usado por los secuestrados, como también con las intervenciones telefónicas necesarias para lograr el rescate del empresario, medidas que fueron autorizadas por el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Salta.
De esta manera, dijo, se identificó a Toledo. Luego, con una explotación en las redes sociales, se pudo dar con los otros cómplices, como también se reunieron valiosas evidencias, las cuales daban cuenta de un accionar premeditado por los acusados, con una distribución de roles y responsabilidades.
El fiscal remarcó que, como resultado de la investigación, entre otros aspectos, se pudo saber que los hermanos Campos y Rodríguez tienen familiares que se desempeñan en la empresa dirigida por Giménez y que los acusados estaban al tanto de todos los movimientos de la víctima.
El representante del MPF resaltó asimismo el profesionalismo de los investigadores que participaron tanto en las pesquisas como al momento de llevar adelante la persecución de los dos acusados que llevaban a Giménez al intercambio, quienes ofrecieron una tenaz resistencia y estuvieron a poco de causar una tragedia al estrellarse contra una casa. En los mismos términos destacó también la labor de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscal (CIF).