El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta condenó a los exgerentes de la obra social de los jubilados, Viviana Fernández y Javier Navarreta, por defraudación a la administración pública.
Los exfuncionarios llegaron a juicio acusados de haber gestionado y cobrado el IFE, siendo que no le correspondía haber percibido ese beneficio, el cual había sido destinado a las personas sin relación de dependencia y de escasos recursos.
Emilia Juárez, otra ex gerente juzgada, resultó absuelta por el beneficio de la duda. Ella y una de las condenadas, fueron quienes acusaron a La Cámpora por retener un porcentaje del sueldo y por esa denuncia se abrió una nueva investigación, confiaron fuentes judiciales.
Al momento de determinar la pena, en tanto, el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien llevó adelante la investigación desde su inicio, solicitó una pena de 3 años de prisión condicional para Fernández y Navarreta.
Además, el fiscal fundamentó y requirió que se aplique a los dos ex gerentes la accesoria legal establecida para los casos en que los acusados son funcionarios públicos. Se trata de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ante la fundamentación de la fiscalía, la jueza Snopek, quien actuó como tribunal unipersonal, coincidió con Toranzos y condenó a los dos exfuncionarios a la pena de tres años de prisión más la inhabilitación perpetua, circunstancias en que hizo resaltar el descreimiento que causó la conducta de los condenados en la sociedad con su accionar contrario a la ley.
Lo que también llamó la atención, y que la jueza rechazó de plano, fue la estrategia esgrimida por los representantes de la Defensa Pública, a cargo de Agustín Mogaburu y Ximena Colombres, quienes en sus alegatos justificaron las conductas de los tres acusados y culparon al Estado Nacional porque “los mecanismos de control no funcionaron”.
Lejos de ello, el fiscal sostuvo que los acusados, al jurar en el cargo, tenían asumida la responsabilidad de regirse por el Código de Ética de la Función Pública, el cual, entre otros deberes, destaca la necesidad de los funcionarios de proteger los bienes del Estado Nacional.
En el caso de Juárez, la jueza reconoció, en parte, probada la acción dolosa, sin embargo, encontró dudas respecto a si la misma, al designar la manera de cobro del beneficio, dispuso de una cuenta bancaria, o bien, le fue asignada automáticamente.