Fue por un hecho de 2015 cuando una embarazada llegó al hospital con contracciones, por la ausencia del anestesista de turno fue derivada a Salta donde el bebé nació sin vida.
Eduardo Elgidio Villagra fue condenado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de dos años, por ser autor del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público.
El hecho ocurrió el 17 de junio de 2015. Marta Eugenia Braga llegó al hospital de General Güemes con contracciones y problemas de presión. La mujer cursaba la semana 38 de su embarazo y tenía los controles médicos realizados en forma normal. Por falta de anestesista, fue derivada a Salta. En el trayecto, la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé naciera sin vida.
Por el término de dos años el profesional condenado deberá fijar domicilio y someterse al control del Programa de Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados. En caso de incumplir alguna de estas medidas podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de cumplimiento de la pena.
En el mismo fallo, Roberto Francisco Farías fue absuelto lisa y llanamente de los delitos de abandono de persona con grave daño en la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal por el que había sido acusado, teniendo en cuenta que el hecho que se le atribuyó no encuadra en una figura legal.
Por el mismo motivo, Marcelo Quiroga quien se desempeñaba como gerente de Atención a las Personas, Jorge Barni García quien era el gerente general y Alejandro Esteban Cortés Bellomo (Jefe de guardia), fueron absueltos lisa y llanamente del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el que habían llegado acusados al juicio.
Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio decidieron hacer lugar a la demanda civil instada en contra de Villagra, y lo condenaron a pagar la suma de ochocientos mil pesos, más los intereses hasta su efectivo pago.
Por otra parte, rechazaron la demanda civil instada contra Farías, Cortez Bellomo, Quiroga, Barni García, La Federación Patronal S.A. y el Estado Provincial.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Federico Armiñana Dohorman (presidente), Martín Pérez y Javier Aranibar (vocales).