La mujer usaba la matrícula de una abogada que trabajaba en el Ministerio Público y fue descubierta cuando una cliente había perdido el contacto con su supuesta defensora.
Una mujer de 35 años fue denunciada en Orán por una abogada que había ingresado a prestar servicio en el Ministerio Público, y que por ello tenía inhabilitada la matrícula profesional desde diciembre de 2020.
Sin embargo, la denunciante contó que el 10 de septiembre pasado, otra mujer se hizo presente en su lugar de trabajo después de que no pudiera contactarse con su supuesta defensora y que en el Colegio de Abogados le dijeran que su domicilio de trabajo, según figuraba en su matrícula, era la Ciudad Judicial.
La mujer quedó sorprendida cuando ubicó a la verdadera abogada y reconoció que no era la profesional que había contratado por la suma de 15 mil pesos.
La abogada contó en su denuncia que en las redes sociales existían publicaciones de una persona de nombre similar que ofrecía sus servicios como profesional utilizando su matrícula.
En la audiencia de juicio abreviado, la estafadora -cuyo nombre no trascendió- reconoció haber cometido los hechos por los que había sido investigada y fue condenada a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional como autora de los delitos de estafa y usurpación de título en concurso real.
Durante dos años tiene prohibido acercarse a las víctimas, a sus domicilios y a los lugares que frecuenten. Tampoco podrá ejercer cualquier tipo de acto que implique violencia física o psicológica hacia ellas o sus familias. No podrá salir de la Provincia de Salta sin previa autorización del juez actuante. Tendrá la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio. Finalmente tendrá prohibido comunicarse o mantener cualquier tipo de contacto por cualquier medio con las víctimas o su familia.
En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta. La verdadera abogada aceptó la reparación del daño causado que ofreció la acusada en el acuerdo, por lo que recibirá la suma de cincuenta mil pesos. En tanto, la víctima de la estafa advirtió que presentará una acción civil.
En el fallo, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, ordenó que la condenada se disculpe públicamente, a través de un aviso en un diario de mayor tirada, haciendo pública sus disculpas a la abogada denunciante. Lo mismo deberá hacer respecto del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. Las publicaciones serán a costo y cargo de la condenada.
Finalmente, ordenó que los tres libros que habían sido secuestrados en la causa sean donados a la Biblioteca Popular “Juan Carlos Dávalos”, mientras que la notebook será donada al Colegio Secundario Rural Mediado por TICs 5212.