La decisión del máximo tribunal revocó el decreto parlamentario que designó a un senador del Frente de Todos como representante por la segunda minoría por entender que esa banca correspondía a Luis Juez.
La Corte Suprema de Justicia revocó el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y sostuvo que esa banca corresponde al representante del PRO Luis Juez.
«Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre – y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación – la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente PRO», señaló la Corte en su resolución firmada por su presidente, Horacio Rosatti; su vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Juan Carlos Maqueda.
El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos (FdT) calificó como «político» e «inaplicable» el fallo de la Corte. «El de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo», señalaron los senadores oficialistas en un comunicado, y mañana ampliarán su postura en conferencia de prensa a las 12 en la Cámara alta.
Añadieron que «se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura».
Por su parte, el senador opositor Luis Juez dijo en Twitter que «en un contundente fallo, la CSJN le dijo a Cristina Kirchner: ‘Así no’. Por más que ella lo crea, no está por encima de la ley y la banca en el Consejo de la Magistratura que nos quitó, ahora la tiene que devolver. Nunca hay que bajar los brazos frente a la injusticia».
El abogado laboralista peronista Héctor Recalde, integrante del Consejo, dijo por su parte que el fallo de la Corte plantea un «conflicto de poderes» y advirtió que podría haber «juicio político» a los magistrados del alto tribunal.
Recalde indicó a Radio Nacional que «es una facultad del Senado nombrar a sus representantes», y expresó que «con la resolución de la Corte se puede construir un manual de violaciones normativas».
La Corte se refirió con su fallo a la sentencia de diciembre pasado que declaró inconstitucional la conformación de trece miembros del Consejo y la elevó a veinte, con lo cual obligó a ambas cámaras a designar nuevos representantes.
Según los antecedentes citados, al momento de la sentencia la segunda minoría correspondía al bloque Frente PRO, con nueve senadores, que propuso a Juez como consejero.
El bloque opositor comunicó su postulante a la Presidencia del Senado el 13 de abril, pero cinco días después la primera minoría, el Frente de Todos, definió dividir su bloque y reclamar así la designación del consejero.
Para la Corte, esta decisión del FdT «desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas».
No obstante, en el fallo los tres jueces de la Corte aclararon que no es competencia del alto tribunal analizar la forma en que el Senado organiza su funcionamiento interno, o cómo se define la conformación de los bloques, sino el modo en que deben identificarse para componer el Consejo de la Magistratura.
«Las conductas descriptas exceden de una disquisición sobre los grados de afinidad política para erigirse en bloques parlamentarios y demuestran que la partición viola lo dispuesto en la sentencia», definió la Corte.
Para el máximo tribunal de justicia no es lícito que, mediante su división, el bloque oficialista se haya quedado con tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura.