Fueron imputados tres gendarmes. También hay un propietario de una finca que colinda con Bolivia involucrado en la causa. Los cuatro seguirán detenidos.
Los tres gendarmes y el propietario de una finca ubicada en la zona de frontera, detenidos a raíz de los procedimientos realizados en el marco de una investigación penal por hechos de corrupción, fueron imputados en una audiencia dirigida por el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya.
El fiscal general Eduardo Villalba junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, expuso ante el juez los hechos investigados, los que datan de noviembre del año 2020 hasta mayo pasado y que consisten en maniobras tendientes a facilitar el paso de camiones con cereales al vecino país de Bolivia.
El fiscal imputó a Diego Ernesto Radaelli, Rodolfo Ayala y Marciano Alberto Páez, quienes ostentan la jerarquía de alférez, sargento y el comandante principal del Escuadrón 54 de Aguaray (respectivamente), el delito de contrabando de exportación en concurso real con cohecho, por su condición de funcionario público.
La misma acusación recayó sobre el finquero, quien tuvo –según lo expuesto por la fiscalía- un rol clave en los delitos, ya que su propiedad colinda con territorio boliviano y servía como paso de los transportistas que se valían de la asociación delictiva creada para evitar el pago de importantes sumas de dinero en concepto de impuestos, y causar con ello un grave perjuicio al Estado.
La modalidad, según agregó, se vio completada con la participación principalmente de Páez, quien, en su calidad de jefe del escuadrón, había acordado con Radaelli y Ayala liberar la zona para el paso de camiones, los que previamente acordaban el pago de una coima con el dueño de la finca.
De esta manera, los acusados habrían llegado a percibir sumas de alrededor de 150 mil pesos en concepto de coima por cada transportista que llegaba a la zona, por supuesto sin la documentación en regla.
Además de canalizar el paso ilegal de los camiones con granos hacia Bolivia, los acusados, en especial los gendarmes, también entorpecían investigaciones de casos de contrabando, al igual que realizaban controles sobre los camiones que rechazaban el pago de coimas con el finquero.
Para fundamentar la acusación, el fiscal presentó distintos elementos de pruebas, entre ellos refirió haber reunido cientos de audios en los cuales los acusados hacían alusión explícita a las maniobras ilícitas.
Tales conversaciones, según lo manifestado, se referían no sólo al paso de los camiones, la ruta que debían seguir sino también a las sumas de dinero acordadas. A su vez, señaló que, para asegurar el éxito de las maniobras, el personal que desconocía de esta asociación delictiva, era enviado al monte u otros detenidos alejados a fin de evitar ser descubiertos.
En vista de la gravedad de los hechos y el carácter de funcionario público de los acusados, el fiscal solicitó la prisión preventiva de los mismos, dado el riesgo de fuga, la posibilidad de que entorpezcan la investigación al intimidar a testigos o alertar a otros posibles implicados.
Los acusados, en tanto, se abstuvieron de prestar declaración, no obstante, sus respectivos defensores se opusieron a la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y plantearon la libertad de sus clientes. Para ello, minimizaron la acusación de la fiscalía y pidieron, en caso subsidiario, la detención domiciliaria de los mismos.
Tras escuchar a las partes y garantizar el derecho de defensa de los acusados, lo que quedó evidenciado en toda la audiencia, el juez Montoya resolvió dar por formalizada la investigación penal por los delitos planteados por la fiscalía, como así también dictó la prisión preventiva de los cuatro acusados y autorizó una serie de pericias pendientes.
Sobre las medidas de coerción, reconoció el esfuerzo de las defensas por evitar la prisión preventiva de sus defendidos, sin embargo, entendió que “como nunca” esta medida contemplada por la ley encaja con el caso presentado por la fiscalía.
Sobre el arraigo planteado por las defensas en favor de los acusados, en busca de obtener con ello la prisión domiciliaria, el juez reconoció que “claro que lo tienen, pues el mismo Estado Nacional les da una casa para que vivan, para que cumplan con su deber, ya que son funcionarios públicos, sin embargo, pareciera que no lo hacían de una manera que se esperaba de ellos: cuidando la frontera”:
“Por el contrario, y de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, se dedicaban a facilitar el contrabando de granos”, agregó, a la vez que resaltó el grave daño que estas acciones causaron “no sólo al Estado, sino a la sociedad”.
“Sin pretender estigmatizar a los habitantes de la zona de frontera, entre los que me encuentro, cabe resaltar que no es menor la posibilidad de riesgo de fuga de los acusados”, afirmó, para luego animar a los imputados a tener un “gesto patriótico” y colaborar con la investigación a fin de estar “en paz con su conciencia”.
Coincidió, respecto al entorpecimiento, que los gendarmes podrían intimidar a posibles testigos o poner en riesgo la integridad física de los mismos. En cuanto al finquero, señaló que, sin su participación -a través de prestar un predio estratégico- la maniobra probablemente habría sido difícil de concretar. “La sociedad espera que demos respuesta, que lo que está mal y espera que se lleven a cabo las investigaciones del caso”, concluyó.