La Secretaría de Energía de la Nación aseguró que los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante 2022.
Las audiencias públicas para la actualización de las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, y la segmentación de subsidios, se realizarán los días 10, 11 y 12 de mayo, de acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Energía de la Nación dada a conocer este jueves. La dependencia oficial señaló que el nuevo esquema se regirá por el principio de «gradualidad».
También enfatizaron que la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para los usuarios de electricidad del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.
El 10% de los usuarios residenciales de los servicios de gas y electricidad con mayor capacidad de pago dejarán de recibir el beneficio del subsidio a la energía. Vale destacar que la tarifa del servicio eléctrico en Salta está provincializado y ya se encuentran analizando un aumento tarifario.
A todo, según la resolución de Energía de la Nación, la implementación de un esquema tarifario de servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 -con «criterios de justicia y equidad distributiva» que incluya la política de segmentación y no supere el nivel de los salarios- forma parte del programa acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A través de las resoluciones 235, 236 y 237/2022, la cartera a cargo de Darío Martínez estableció la convocatoria a las audiencias públicas que pondrán a consideración de los usuarios estos mecanismos y actualizaciones tarifarias.
Los mismos contemplarán especialmente la situación de los «sectores vulnerables y de menor capacidad de pago», dentro de los márgenes allí definidos y que se regirá por el principio de «gradualidad», resaltaron desde la Secretaría de Energía.
De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno nacional en el programa económico, que apunta a lograr «niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva» para los servicios públicos de gas y electricidad.
Este proceso se regirá según criterios y directrices de «gradualidad y proporcionalidad» establecidos en la Constitución Nacional y señalados por la Corte Suprema de Justicia, destacaron.
Así, la actualización tarifaria se impulsará, previa audiencia pública, con un esquema dirigido a «proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago», e incentivando a su vez la «adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental».
Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una «corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos», representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.
Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.