El caso ocurrió el 3 de septiembre de 2022. La víctima, que alegaba ser asesor político, recibió cinco disparos en la cabeza. Según la hipótesis fiscal, el homicidio fue un «ajuste de cuentas».
El Tribunal Oral Federal de Sala N°1, integrado por la jueza Marta Liliana Snopek (presidenta), Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, llevará adelante desde este jueves el juicio seguido contra Roberto Catalino Bejarano y sus hijos, Santiago Ismael y Roberto David por el delito de homicidio agravado por alevosía, por el número de intervinientes y por uso de arma de fuego, en grado de coautores.
A su vez, Santiago Ismael y Roberto David Bejarano serán juzgado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores. El fiscal general Eduardo José Villalba, a cargo de la PROCUNAR NOA, unidad que llevo adelante la investigación, representará al Ministerio Público Fiscal.
El asesinato de Darío Esteban Monges, de gran trascendencia a nivel provincial, fue descubierto el 3 de septiembre de 2022, alrededor de las 12,20, cuando la policía local fue alertada sobre la presencia de un vehículo con su conductor en el interior, el que presentaba rastros de sangre.
Al hacerse presente en el lugar denunciado, ubicado en el barrio El Círculo de esta ciudad, se verificó el hallazgo del cadáver de la víctima, el cual presentaba cinco heridas de bala en la cabeza en el asiento del conductor de su camioneta Ford Eco Sport.
En su inicio, el caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas, del Ministerio Público de la Provincia, con intervención de la jueza de Garantías N°6, Sandra Espeche. Con el correr de los días, se logró la detención de los tres acusados, quienes fueron imputados por el homicidio el 7 de octubre de ese año, tras lo cual la magistrada declaró la incompetencia de la justicia ordinaria y giró las actuaciones al fuero federal.
Al otro día, en una audiencia de formalización de la investigación penal ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, el fiscal general ratificó la postura de la magistrada Espeche. “Es imposible investigar este caso sin tener presente el accionar de determinadas organizaciones narco criminales”, afirmó al solicitar que el caso quede en la justicia de excepción, lo que finalmente fue aceptado por la jueza federal.
La investigación, de la que también participaron investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, dependiente del MPF de Salta, avanzó a paso firme y llevó a la fiscalía a ratificar la acusación contra los Bejarano en la audiencia de Control de Acusación, celebrada el 12 de julio pasado ante el juez de Revisión, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.
En esa ocasión, el fiscal general, junto a los auxiliares fiscales Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, sostuvo que el crimen de Monges aconteció en el marco de una red de tráfico de estupefacientes, en el que se encontraba involucrada la víctima con los imputados.
Mecánica y móvil del crimen
La reconstrucción de las últimas horas con vida de la víctima -según agregó- permitió individualizar a los Bejarano como los autores del homicidio. En lo que fue la antesala del crimen, los acusados, la víctima y otra persona implicada, aún no identificada, se trasladaron en la camioneta Ford, entre las 22 horas del 1 de septiembre y las primeras horas del día siguiente.
El periplo de ese viaje terminó en el lugar en que fue hallado muerto Monges, asesinado de manera premeditada y acordada con los acusados, quienes usaron dos armas de fuego que no pudieron ser secuestradas. En cuanto a la mecánica del asesinato, explicó que, dada la ventaja numérica, primero lo redujeron y luego le dispararon en la cara y el cráneo.
Sobre el móvil del crimen, el fiscal general ratificó la hipótesis ya enunciada en la formalización de la investigación. Precisó que se debió a inconvenientes vinculados al narcotráfico entre Monges y los Bejarano.
Entre las numerosas pericias realizadas, también resaltó los análisis de las cámaras públicas y privadas, del perfil geográfico obtenido de la cuenta Google de Monges, los peritajes científicos y el informe final sobre la reconstrucción del hecho realizado por los licenciados en Criminalística del CIF.
Por otro lado, y respecto al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, endilgado a los dos hermanos, el fiscal recordó que en el allanamiento realizado el 6 de octubre, cuando los acusados fueron detenidos, en la vivienda familiar, ubicada en la calle Pedro Arias Velásquez al 200, se secuestraron cuatro envoltorios, un frasco y otro envoltorio con un total de 174,49 gramos de marihuana, de las que se pueden obtener 971 dosis y 346 cigarrillos.
Ratificada la acusación pena, a la cual adhirió el defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, la defensa de los acusados solo discutió la calificación referida a la tenencia de drogas con fines de comercialización, la que intentó reducir a tenencia simple, para lo cual minimizó la cantidad de droga incautada y destacó la calidad de consumidor de uno de ellos.
Este argumento, sin embargo, fue rebatido por la fiscalía al reiterar que los extremos típicos del delito están configurados, pues la droga fue hallada en el domicilio en el que vivían Santiago Ismael y su padre. También mencionó otras pruebas, como conversaciones de los imputados, testimoniales, una denuncia al 911 y el allanamiento en la finca “Los Yacones”, propiedad de un familiar de los acusados, donde, si bien no se encontró droga, sí se detectaron rastros de la existencia anterior de estupefacientes.
En vista de estos fundamentos, el magistrado rechazó el planteo defensivo, tras lo cual las partes debatieron sobre las pruebas que serán llevadas a juicio. En este punto, la defensa insistió con determinadas objeciones, pero las mismas volvieron a ser rechazadas por el juez, quien finalmente dictó el auto de elevación a juicio.