Un plenario de comisiones del Senado de la Nación comenzó a debatir el proyecto de ley para regular la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, con la intención de firmar dictamen el próximo lunes y llevarlo al recinto de sesiones a mediados de julio.
En la primera jornada, los legisladores que integran las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico, escucharon al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien adelantó que la exportación de esa producción podría significar un ingreso anual de cincuenta millones de dólares y la creación de diez mil empleos.
“El cannabis puede tener un gran desarrollo exportador”, indicó Kulfas sobre el proyecto de ley para regular la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal.
El proyecto establece un marco regulatorio de la cadena de producción de cannabis, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.
El marco normativo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso busca “desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad”.
El primer objetivo del proyecto consiste en “establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica”.
El segundo objetivo, según se detalla en la iniciativa, “consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos”.
Además, se aclara que “si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo”.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, se establecerán requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.
En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará “el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y medianos productores agrícolas”.
El proyecto también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.