El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Rosa Fabiola Díaz y dispuso inhabilitarla para ejercer cargos públicos por el término de ocho años.
La ahora exdefensora oficial de Tartagal fue acusada por la justicia luego de que su hermana la denunciara mediáticamente por retener y comercializar donaciones destinadas a comunidades wichis. Junto a ella, también fue acusada su hermana, actual concejal tartagalense.
El veredicto del jury conformado por denuncias de mal desempeño ordenó, además, remitir la documentación presentada por el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo al Fiscal Penal que por turno corresponda.
El veredicto fue leído por el presidente del Jurado y titular de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, y los fundamentos serán leídos en audiencia el próximo martes 6 de julio.
La última jornada del juicio contra la acusada, inició con el alegato del procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien afirmó que todo lo que vinieron sosteniendo tanto él, como el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, durante todo el juicio, “está absolutamente acreditado, demostrado y probado en este juicio“.
Las causales de destitución fueron mala conducta, mal desempeño y falta de los deberes a cargo de la magistrada de la Defensa.
Cornejo calificó al juicio como “inaudito y sin precedentes”, por el hecho de que confluyeron el Defensor General y el Procurador General en la necesidad de generar el proceso de remoción, al tiempo que remarcó que ello ocurrió mientras ambos magistrados se encontraban “en un proceso de incertidumbre, debido a intimidaciones, acusaciones y una campaña difamatoria previa, con el único fin de hacer retroceder las instituciones del Estado”.
Por ello, el Procurador recordó los mecanismos constitucionales por los que se puede someter a juzgamiento a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, y que hubiesen sido los correctos, porque hay un proceso expreso en la Carta Magna y que no es “con insultos ni con difamaciones ni generando esa suerte de decaimiento de instituciones del Estado”.
Inmediatamente después, el Procurador repasó las pruebas y testimonios recabados durante el juicio en torno a la denuncia de haber retenido y vendido junto a su hermana Paola Díaz y su madre -hoy fallecida- en el inmueble de propiedad de su madre, donaciones efectuadas por la “Fundación Los Nobles” de la provincia de Santa Fe, las que, además de no ser entregadas a sus destinatarios (comunidades aborígenes de la zona) habrían sido comercializadas en distintos lugares de esa ciudad.
En el caso conocido como “Jacoba” Olarte”, Díaz fue acusada de haber participado en una venta simulada de un bien inmueble de Joaquín V. González, del departamento Anta. La supuesta venta se realizó entre la pareja de su hermana Paola Díaz, Gustavo Mónico Marcelo Serrano y Olarte. Por este caso, Rosa Fabiola Díaz fue imputada por el delito de abuso de autoridad. Y ella y su hermana, Alejandra Paola Díaz también fueron imputadas por el delito de usurpación y robo en concurso real, en el mismo caso.
Sobre la causal de mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, Cornejo recordó que se la acusó de haber incumplido de forma grave y reiterada obligaciones y deberes funcionales de tipo formal y material. Se le atribuyó la existencia de 150 casos correspondientes a los años 2017-2020 en los cuales no existen razones para que la Defensora a cargo del servicio no haya iniciado trámite o actuación judicial. De los 150 casos referidos, 29 de ellos fueron clasificados como casos “testigos”.
La defensora se encontraba suspendida provisoriamente en sus funciones con embargo sobre un porcentaje del sueldo. Al haberse dispuesto hoy su destitución se fijó también que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la exdefensora, debiendo retenerse las sumas embargadas para ello.