El monitoreo se realizó el año pasado en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes en conflicto con la ley penal, y el hospital de salud mental.
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) publicó el informe sobre la inspección que realizó a los lugares de privación de libertad en la provincia de Salta, entre el 26 y el 30 de septiembre del año pasado y advirtió múltiples violaciones a los derechos fundamentales de las personas, por lo que recomendó medidas a los poderes estatales.
El Comité relevó 53 casos de malos tratos y torturas que fueron incluidos en el Registro Nacional de Tortura. Por otro lado, destacó la conformación del Comité contra la Tortura local y solicitó al gobierno provincial la ampliación de su presupuesto.
Cuando se realizó la inspección había 4.640 personas alojadas en establecimientos de privación de libertad en la provincia: 747 en comisarías, 1081 en alcaidías y 2812 en unidades penales. Uno de los principales problemas que detectó el organismo nacional fue el hacinamiento. También calificó como grave el alojamiento en comisarías y alcaidías.
En las unidades penales halló circunstancias similares, y prácticas de aislamiento excesivo. El Comité recomendó eliminar las celdas de aislamiento por ser violatoria de los derechos humanos y aumentar el riesgo de hechos de tortura, suicidios y autolesiones.
El Comité destacó que se incumple un fallo de la Corte de Justicia que aprueba el uso de celulares en Alcaidías y Unidades Carcelarias, decisión que este tribunal tomó en el marco de un habeas corpus correctivo colectivo interpuesto por Mario Alberto Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal. El organismo nacional recomendó aplicarlo y que haya cámaras de videovigilancia en los lugares de encierro como una forma de prevenir la tortura.
El CNPT también cuestionó que los cupos en los lugares de privación de libertad se determinan «por medio de resoluciones administrativas en base a cantidad de camas (y/o colchones)» y no de acuerdo con sus estándares.
Comisarías en peligro de derrumbe
En las comisarías la superpoblación es del 42,55%. El 92% de la población se encuentra procesada y suele permanecer allí por plazos que pueden prolongarse entre una semana y dos años.
En lo que refiere al diseño, mantenimiento e higiene de estos espacios, el CNPT señaló que las autoridades de las Comisarías 45 y 42 de Tartagal remitieron informes a la Dirección de la Unidad Regional N° 4 alertando sobre la alarmante situación que atraviesan, sin recibir respuesta alguna.
Las autoridades de la Comisaría 42 comunicaron que los principales problemas se vinculan a la falta de mantenimiento edilicio. También señalaron que, por la escasez de agua, los residuos generados a diario por la población detenida, la falta de instalaciones sanitarias, la poca ventilación y el deterioro de las paredes, las celdas se convirtieron en lugares propicios para la proliferación de insectos (cucarachas y alacranes), pese a las reiteradas fumigaciones.
«La Comisaría 42° concluye que no reúnen los requerimientos mínimos para establecimientos transitorios y/o permanentes, y alerta que existe alto riesgo de derrumbe, amotinamiento, fuga, incendios y contagio de enfermedades. En tanto la Comisaría 45° tampoco cuenta con las condiciones necesarias», sostuvo el Comité. Sobre esta última comisaría señaló que no contaban con espacio para la circulación interna debido a que los colchones se encontraban tirados en el suelo. En la inspección vieron residuos acumulados y un baño con pérdida constante de agua. Mientras que las personas alojadas en una “galería” dormían en colchones sobre el piso y al no contar con baño debían utilizar el de uso común de la comisaría, que tenía acceso restrictivo y sujeto al criterio del personal policial de turno.
El CNPT pudo constató que la revisión médica al momento del ingreso a las comisarías, se realizaba «de manera superficial». Observó que los y las profesionales de la medicina «dependen de la Policía de la Provincia, con las implicancias que ello conlleva en materia de independencia funcional y posibilidad de exponer reclamos y denuncias sobre irregularidades al momento de la detención».
«En cuanto al régimen de encierro, en las comisarías las personas sólo pueden acceder al patio dos días a la semana por un tiempo de 10 o 15 minutos diarios, el resto del tiempo permanecen aisladas en sus celdas, situación que agudiza las condiciones de detención frente a las condiciones generales de habitación en las que se encuentra la población detenida», advirtió el CNPT.
También informó que tomó conocimiento «de la práctica vejatoria realizada en la Comisaría 45º, donde proceden a requisar diariamente debiendo permanecer -por tiempo indeterminado- arrodillados y desnudos».
Alcaidías sin baños
En las alcaidías de Salta Capital, Orán y Tartagal había en total 1.081 personas privadas de libertad. En la Capital se presentaba la situación más grave, ya que tenía alojadas a 855 personas cuando su capacidad es de 350 plazas.
Un tema recurrente en los lugares de privación de libertad, según señaló el Comité, es la falta de acceso a baños, y los pocos que hay están en malas en condiciones. En un sector de la Alcaidía Nº 1, por ejemplo, «no funcionaban de manera correcta y debido a la cantidad de personas suelen obstruirse con regularidad, por lo que habitualmente realizan sus necesidades en botellas; las celdas no cuentan con ningún tipo de ventilación ni ventanas, esto impide el ingreso de luz natural, aumento de temperaturas y olores nauseabundos».
En cuanto al trato, en varias alcaidías el CNPT relevó información sobre la aplicación de medidas disciplinarias como sanciones de aislamiento, aplicadas de manera directa por la dirección y sin garantizar el debido proceso sancionatorio ni la posibilidad de impugnar la medida.
Asimismo, el Comité manifestó su preocupación por la carencia de acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo servicios de salud mental y terapia y acompañamiento psicológico.
Cárceles sin acceso a la salud
En las cárceles la población alojada se compone principalmente de varones (94,6%), de los cuales el 89,8% está condenado. En el caso de las mujeres, la proporción de población condenada es de un 63,8%.
El CNPT recalcó que desde el Servicio Penitenciario de Salta no se remitieron «datos de personas privadas de libertad trans, no binarias o de géneros diversos». En el caso de las mujeres, se reporta una proporción mayor de jóvenes adultas (5,9% frente a 1,7% en el caso de los varones) y la mayoría tiene entre 21 a 39 años (62,5%). Entre los varones se identifica también una mayoría de personas de 21 a 39 años (66,7%).
Respecto de las conductas penales por las que las personas se encuentran privadas de libertad, la mayor cantidad lo está por por delitos contra la integridad sexual (32,6%), contra las personas (26,6%) y la propiedad (25,1%). Hay 226 personas condenadas por infracciones a la Ley N°23.737 (que pena el narcotráfico).
El CNPT señaló «condiciones materiales en pésimo estado» en la cárcel de Metán. Mientras que en la de Tartagal, «las medidas infringen los estándares del CNPT en materia de habitabilidad».
En todas las unidades penitenciaras recibió «numerosos reclamos sobre las dificultades de acceso a la salud». «Se observó que la mayoría de las personas presentaban afecciones en la piel como hongos y sarna que, al no ser tratadas, se infectan», informó.
En el caso particular de las mujeres, señaló que «la mayoría mencionó que se les realizan los controles ginecológicos correspondientes en hospital extramuros». Mientras que respecto a las asistencia médica que se provee dentro de la unidad, «muchas señalaron que el personal de salud les exige que expresen el delito por el que se encuentran privadas de su libertad y que luego las hostigan con esta información, por lo que muchas prefieren no solicitar la asistencia médica».
Asimismo, en el caso de niños y niñas alojados en la unidad, sus madres manifestaron que reciben atención médica, pero que también se encuentran expuestas a actitudes y prácticas discriminatorias por parte del personal de salud.
Tortura y malos tratos
El CNPT registró diversas situaciones compatibles con tortura y malos tratos. Cincuenta y tres fueron incluidos en el Registro Nacional de Tortura bajo reserva de identidad; en 4 casos, se hicieron las denuncias penales, y 11 brindaron autorización para comunicar lo ocurrido a la autoridad competente.
Tres denuncias se refieren a violencias ejercidas por el Servicio Penitenciario de Salta en la Alcaidía Penal N° 2, de Orán. El restante refiere a un hecho de violencia policial en la Comisaría N° 43, en Embarcación
En las unidades penales, el Comité advirtió que en su mayoría las agresiones se cometieron en el interior de las celdas o pabellones de alojamiento. Indicó que en casi la mitad de las agresiones, 23 de 53 casos, se desencadenaron por «reclamos individuales o colectivos (…) realizados por las personas presas debido a problemas de salud, alimentación y/o de vinculación familiar».
El CNPT además describió que se implementa una combinación de modalidades de tortura en las cárceles salteñas, las conocidas como “criqueo”, «pata-pata», «plaf-plaf» y el «submarino», entre otras. En un caso, registraron «la aplicación de violencia sexual».
«De los casos registrados, 5 tenían denuncia penal previamente presentada, sin embargo, las víctimas desconocían la información sobre la causa, por lo que no pudieron indicar su estado ni otros datos identificatorios», destacó el Comité.
En los centros de detención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, el Comité advirtió la realización de requisas y revisiones humillantes que son violatorias de los derechos humanos de las infancias, así como la falta de acceso a atención médica adecuada y la deficiente o nula capacitación del personal de salud en el examen y documentación adecuada de la tortura y los malos tratos, en línea con el Protocolo de Estambul.
En materia de salud ,ental, el CNPT informó que urge la puesta en funcionamiento de la Ley Provincial N° 8.323, que crea el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) y fue sancionada en 2022 pero aún no se encuentra reglamentada, y solicitó reforzar las acciones impulsadas para la adecuación a la nueva ley.