El Ejecutivo Nacional respondió al fallo del máximo tribunal sobre la presencialidad de clases en CABA y expresó que «resulta contra fáctico». Alberto Fernández señaló que «el Gobierno Nacional fue elegido democráticamente para proteger la salud pública». El diálogo institucional en estado crítico.
El fallo de la Corte Suprema de las provincias avalando la competencia de las provincias en general y de la ciudad de Buenos Aires en particular, para determinar la presencialidad del ciclo lectivo en el marco de la pandemia, puso de relieve nuevamente la tensa situación entre el Ejecutivo nacional y la máximo tribunal.
Tras conocerse el fallo, que previamente había trascendido en los medios, Alberto Fernández señaló que «el Gobierno Nacional fue elegido democráticamente para proteger la salud pública». El Gobierno lamentó que la Corte Suprema de Justicia haya sostenido, «con inusitado rigor formal», que las autoridades se basaron en «consideraciones meramente conjeturales con insuficiente fundamentación» para suspender las clases presenciales en CABA.
Respondió al fallo del máximo tribunal y expresó que «resulta contra fáctico y no puede verificarse qué hubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)».
Por su parte la Corte Suprema avaló la «autonomía» de la Ciudad para decidir sobre la presencialidad de las clases. El máximo tribunal concluyó que en el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, sancionado por el Ejecutivo para mitigar la incidencia de los casos de coronavirus, “se violó la autonomía” de la ciudad.
«Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes», consignó el fallo firmado en forma unánime pero con distintos argumentos.
Esta situación no terminará en esta resolución judicial. El próximo frente de disputa será con el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo buscando el marco legislativo que autorice a tomar medidas con mayor competencia en el marco de la competencia. Sectores de la oposición adelantaron su voto en contra, incluso, sin conocer detalles de la iniciativa indicaron que no darán al Gobierno la suma de poderes públicos. En definitiva, el diálogo institucional se encuentra en estado crítico.