Vecinos y familiares de personas retenidas en esos establecimiento reclamaron que se cumpla el fallo de la Justicia Federal.
La Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, confirmó que la provincia apelará el fallo de la jueza federal Nº 2 María Belén López Macé, que todavía no está firme y que hace lugar a una demanda de habeas corpus colectivo contra el ingreso ordenado y administrado al territorio.
Maris Zabala explicó que “un reciente decreto presidencial estableció una serie de normativas a las cuales adherimos y, con motivo de esto, fueron presentados varios habeas corpus”.“Dimos nuestra interpretación y reafirmamos los protocolos vigentes, marcando que los mismos iban a continuar porque es una facultad que detenta constitucionalmente la provincia de Formosa”, indicó.
Advirtió que el decreto presidencial “a veces se analiza en forma sesgada” desde varios sectores, por cuanto “se consideran textualmente dos o tres cuestiones” cuando el mismo “contiene una serie de principios que son los que reivindicamos como facultad y directriz”
Durante la noche de este viernes, distintas organizaciones se acercaron a un centro de aislamiento ubicado en la capital provincial y reclamaron por la liberación de 22 de personas que se encuentran recluidas en un centro de aislamiento. Según denuncian, varias de ella cuentan con el análisis de PCR negativo.
La decisión fue de la jueza federal de Formosa María Belén López Mace, quien hizo lugar parcialmente a un habeas corpus colectivo presentado por el titular del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff; y el presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández, en representación de seis formoseños.
La magistrada ordenó además que la Provincia disponga de aislamientos preventivos sólo para los casos en que esa norma dictada por el Ejecutivo nacional así lo autorice. No obstante, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, aseguró que la provincia apelará esta decisión, al entender que tiene “la potestad para definir las políticas sanitarias”, una facultad que “no es delegable al Poder Ejecutivo Nacional”.