Tras haber logrado firmar el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, el oficialismo apuntaba a votar el texto este jueves. Sin embargo, la falta de acuerdos demoran el tratamiento.
A pesar de haber logrado el dictamen de mayoría del proyecto de la Ley Ómnibus, el Gobierno convocó a sesión en la Cámara de Diputados recién el martes de la semana que viene. Durante los próximos días continuarán las frenéticas negociaciones con los bloques de la oposición dialoguista y con los gobernadores para evitar que sean rechazados varios de los artículos centrales del proyecto, como la suba de retenciones, la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y las facultades delegadas.
El plan original del oficialismo era llevar el texto al recinto este mismo jueves para aprobarlo en una sesión maratónica que duraría hasta el viernes. No obstante, en el plenario de comisiones quedó en evidencia que el Gobierno aún debe recorrer un largo camino para alcanzar consensos más amplios con el PRO, la UCR, el bloque Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Todos firmaron con disidencias. De la UCR solo apoyó la mitad y un sector de HCF firmó un dictamen propio en minoría.
El Gobierno había recibido buenas noticias desde el Congreso al confirmarse la fractura del peronismo. Los tres diputados que responden al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo anunciaron que abandonan la bancada de Unión por la Patria para conformar un espacio propio, bautizado Independencia.
Por la madrugada del miércoles, cuando el oficialismo buscaba desesperadamente las firmas para sacar el dictamen del proyecto, el diputado Agustín Fernández acompañó al oficialismo y dio la primera señal de que Jaldo votaría a favor de la Ley Ómnibus.
En paralelo tanto desde el radicalismo como desde Hacemos Coalición Federal solicitaron a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, que postergue la convocatoria a sesión para “ordenar” el panorama y evitar que la votación en particular de los artículos se convierta en una pelea encarnizada.
En ambos bloques no cayeron bien las declaraciones del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, que utilizó las redes sociales para sumar presión a los gobernadores.
“El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”, publicó. Y agregó: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”.