El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo concluyó que hubo homofobia contra un estudiante y los compañeros que lo apoyaron.
Con un extenso dictamen, el Inadi concluyó que las conductas denunciadas contra el Colegio Santa María de la capital salteña por parte de los padres de cinco estudiantes “resultan discriminatorias en los términos de la Ley N.º 23.592, normas concordantes y complementarias precedentemente citadas”.
El caso de homofobia se remonta a 2018, cuando la familia de Santiago Coraita, de 16 años por entonces, denunció que las autoridades lo citaron para pedirle que se sacara una pulsera multicolor que representa la lucha por los derechos de la comunidad LGBT porque no representaba los “valores” del colegio Santa María.
Después de esa intimidación, cuatro compañeros de Santiago difundieron en las redes sociales su apoyo y el repudio a la homofobia, lo que la dirección del colegio entendió que era una agresión.
Como sanción, les pusieron 14 amonestaciones y les comunicaron que aplicarían el “derecho de admisión” y que no los aceptarían como alumnos el siguiente ciclo lectivo.
En el extenso dictamen, “el Inadi fue categórico y dejó en evidencia que no sólo se cometió un acto discriminatorio sino que las autoridades del establecimiento tienen un profundo desconocimiento de la diversidad”, afirmó en diálogo con El influencer el abogado representante de los estudiantes, Anibal Anaquín.
El letrado también sostuvo que no está decidido aún si recurrirán a la justicia ordinaria por una demanda civil pero consideró que el dictamen de un organismo especializado representa un “principio de reparación” para los jóvenes.
“Los adolescentes estaban en etapa de desarrollo y había que respetar su proceso de formación, no puede estar por encima un ´código de vestimenta´ y eso quedó muy claro en la resolución del Inadi”, subrayó Anaquín, quien a su vez destacó la tarea del organismo.
Cabe recordar que el Colegio Santa María fue sancionado a fines de 2018 por el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta con una multa de $100.000 y, a su vez, se determinó que los docentes y directivos debían hacer capacitaciones sobre derechos humanos.