El proyecto de la senadora Nora Giménez fue aprobado por 43 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Ahora debe ser tratado en Diputados. La norma vence el 23 de noviembre.
El Senado de la Nación aprobó por 43 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones el proyecto de prórroga de la ley 26.160, que declaró la Emergencia Territorial Indígena, suspendió los desalojos de las comunidades originarias y ordenó realizar un relevamiento de las mismas en todo el país. Esa ley vence el próximo 23 de noviembre, por lo que la iniciativa busca extender su vigencia por cuatro años más, hasta 2025. Establece además que se otorgue un presupuesto de 290 millones de pesos para poder completar el relevamiento territorial pendiente. Para convertirse en ley, el proyecto ahora debe ser aprobado por la Cámara de Diputados.
La autora del proyecto de prórroga es la senadora nacional Nora Giménez, quien a sugerencia de senadores de la oposición accedió a introducir modificaciones en la iniciativa, involucrando a las provincias y los municipios en la realización de los relevamientos territoriales de las comunidades; y obligando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a rendir cuenta anualmente del avance de esa tarea.
En los últimos años el INAI, con la participación de los Pueblos Originarios, relevó 998 Comunidades Indígenas en todo el país; mientras que hay otros 253 relevamientos en trámite. Sin embargo, se han identificado 762 Comunidades Originarias que tienen pendiente el Relevamiento Territorial previsto por la ley. De las comunidades identificadas, un 51% se encuentran en el NOA, un 16% en el Sur, 8% en el centro, 2% en Cuyo, y 22,3% en el NEA.
Al defender el proyecto la legisladora destacó que la ley 26.160 fue aprobada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y sirvió para pacificar los ánimos en un momento en el que los conflictos por tierras se repetían a lo largo del país. “Desde entonces -opinó- viene garantizando la paz social, posibilitando la convivencia de titulares registrales y comunidades originarias”. Por ello, consideró esencial su prórroga, para poder completar el relevamiento y poder avanzar luego en el debate de una ley de propiedad comunitaria indígena.
Giménez remarcó el interés del Gobierno Nacional por lograr la prórroga, y recordó que el tema fue mencionado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas. Agregó que los gobernadores también apoyan la extensión de la vigencia de la ley, ya que recientemente el INAI firmó convenios para completar los relevamientos con Neuquén, Jujuy, Santa Fe, Chaco y Misiones; y se encuentra en tratativas con Santiago del estero y otras provincias.
Para la senadora “reconocer los derechos de las comunidades es un acto de estricta justicia, que además nos permite cumplir con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y con varios tratados internacionales”. Puntualizó además que, en la cosmovisión de los pueblos originarios, la tierra no es un bien económico o transable, sino que los trasciende y sintetiza su conexión con la Pachamama, la Madre Tierra; y es parte esencial de su forma de vida”.
Finalmente, Giménez agradeció a la titular del INAI, Magdalena Odarda, y a su equipo, los aportes para la redacción del proyecto; y opinó que “no se trata de la iniciativa de una senadora o de un bloque, sino de un proyecto que nace de la sociedad y que responde a una política de Estado, que está por encima de las posturas partidarias”.