Este lunes, al reanudarse la audiencia de debate, se llevarán a cabo los alegatos de las partes y se espera conocer el veredicto para los cinco profesionales de la Salud, imputados tras la muerte de bebé en junio de 2015.
Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, representan al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra cinco profesionales de la salud que cumplían funciones en el hospital Joaquín Castellanos de General Güemes en junio de 2015 cuando una embarazada asistió al nosocomio en busca de asistencia, perdiendo a su bebé por falta de un anestesista.
Los imputados son Jorge Barni García, quien se desempeñaba como Gerente General del hospital Joaquín Castellanos; Alejandro Cortez Bellomo como Jefe de Guardia y Marcelo Quiroga como Gerente de Atención a las Personas del nosocomio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público como coautores y contra Roberto Francisco Farías que era el ginecólogo de guardia el día de los hechos y Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, por los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal.
El pasado viernes se finalizó con la ronda de testimoniales y declararon dos de los imputados, dando su versión de los hechos. Luego, el Tribunal conformado por los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez y Javier Aranibar, dispuso un cuarto intermedio hasta este lunes, para dar lugar a los alegatos de las partes, las últimas palabras de los acusados y conocer el veredicto.
Las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaraz, realizada el 18 de Junio de 2015. El denunciante sostuvo que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de treinta y ocho semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Gral. Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.
Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegara sin vida y que hubo sufrimiento fetal, lo que se debió a que no se le practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería.
Posteriormente, la mujer amplió su declaración y manifestó que durante el tiempo que permaneció en el hospital local nunca fue atendida por médico alguno, siempre se hizo presente la obstétrica y una enfermera que le prodigaron algunas atenciones pero no las idóneas para su estado de salud.