El pabellón de varones fue construido con una capacidad de 288 plazas pero alberga 412 reclusos, de los cuales 92 no pertenecen a la jurisdicción. También manifestaron su preocupación por el desarraigo.
Como resultado de una visita realizada por un equipo de trabajo de la Unidad Fiscal Salta al Complejo Penitenciario Federal NOA III, en el marco del artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Eduardo José Villalba advirtió sobre distintos problemas en esa unidad carcelaria.
“La principal y mayor preocupación tiene que ver con el nivel de respuesta en materia de alojamiento, lo que ya comenzó a hacerse sentir. Hasta hace unos meses atrás, gestionar cupos para los detenidos, en su mayoría por conflictos con la ley de drogas, no era un inconveniente, pero desde hace unos días, eso cambió y ahora se torna dificultoso”, sostuvo.
El fiscal declaró que “fue atinado haber realizado ahora esta visita, para lo cual se conformó un equipo de trabajo de las distintas áreas especializadas, tanto de la unidad de Salta como de Jujuy”.
Al respecto, resaltó que tanto la ley orgánica del MPF como la Resolución PGN N°35/2019 establecen “la visita periódica a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, para tomar conocimiento y controlar la situación de las personas allí alojadas, promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
En función de ello, la fiscalía visitó el Complejo Penitenciario Federal NOA III y el Instituto Penitenciario Federal de Salta (Unidad 16), a fin de constatar las condiciones generales de los establecimientos y de su población.
Durante la visita, el equipo de trabajo del MPF pudo advertir serios inconvenientes en el Complejo NOA III, inaugurado el 27 de julio de 2011 en la localidad de General Güemes. En su inicio, la unidad poseía una capacidad de 200 plazas para mujeres y 288 para varones.
Sin embargo, el Sector Masculino se vio superado, puesto que actualmente aloja un total de 412 internos, de los cuales 92 fueron trasladados en los últimos meses desde otras jurisdicciones, en su mayoría de los penales de la ciudad de Posadas, Misiones; de Tucumán; y de las unidades del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En menor proporción, hay otros reclusos derivados de Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Concepción del Uruguay, Resistencia y Formosa, entre las cárceles más cercanas, a lo que se suman otros provenientes de penales alejados, como Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y San Juan.
Pudo establecerse que el 22 % de las plazas están ocupadas con internos cuyo alojamiento no corresponde. En el caso de las mujeres, ese promedio es similar, de 23 %, al igual que el registro total del complejo penitenciario.
Los problemas en el sistema eléctrico, la falta de colchones, el mal estado de los baños y la falta de ventilación, entre otros aspectos, serán tratados en la “Mesa de Dialogo” conformada en 2019 entre funcionarios del Ministerio Público Fiscal y autoridades del Servicio Penitenciario Federal.
En el Sector Femenino se registran 89 internas, de las cuales 20 no son de la jurisdicción; en su mayoría, en este caso, del penal de Posadas. Sin embargo, la capacidad de alojamiento, de 200 plazas, aún no se vio superada.
En cuanto a la situación de los reclusos y reclusas que llegaron de otras jurisdicciones, del total de hombres y mujeres, 59 están con condenas, mientras que el resto (53) se hallan procesados. “Más allá de los problemas de alojamiento que esta superpoblación causa, existen otros más, como los referidos a la alimentación, asistencia de salud, actividades de trabajo y capacitación”, agregó el fiscal general.
“Tampoco hay que olvidar el desarraigo que el propio interno sufre por haber sido trasladado de su lugar de origen, a lo que se suma todo un engorroso trámite de permisos y otras gestiones que, ahora, el complejo debe realizar con juzgados y tribunales de las otras jurisdicciones que, cabe resaltar, se manejan con el código mixto, de por sí más burocrático y lerdo”, resaltó.