En una carta dirigida al Presidente Alberto Fernández aseguró que tomó la decisión de apartarse del Ministerio de las Mujeres tras el operativo en Villa Mascardi que violó derechos humanos.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia “indeclinable” a su cargo que asumió en diciembre de 2019, tras denunciar violaciones de derechos humanos en el operativo de desalojo en la comunidad mapuche en Villa Mascardi.
A través de una carta presentada al presidente Alberto Fernández, con copia al jefe de Gabinete, Juan Manzur, la ahora ex funcionaria dijo que “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.
En el texto, Gómez Alcorta se expresó de manera crítica por “el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia”, ya que “constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos”. Y si asegura que la jueza subrogante Silvina Domínguez tuvo “responsabilidad directa” en las instrucciones del desalojo, “la misma amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional”.
“En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio”, sostuvo.
La decisión de Elizabeth Gómez Alcorta se produjo apenas horas después de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había desmentido rumores sobre cambios en el Gabinete de ministros y también había resaltado la intervención de la ministra sobre el desalojo. A lo largo del jueves, Gómez Alcorta había cuestionado las medidas dispuestas por la jueza contra las siete mujeres de la lof Lafken Winkul Mapu, por disponer la detención y el traslado de cuatro de ellas hacia el penal de Ezeiza, en medio de los hechos violencia en la zona con ataques vandálicos a propiedades del Estado nacional y a estancias privadas.
En ese marco, la ministra presentó escritos y acciones judiciales desde el MMGyD, tras calificar la situación de “sumamente preocupante”, porque dos de las detenidas tienen hijos recién nacidos y son madres lactantes, mientras que otra cursa un embarazo avanzado. Entre los distintos argumentos expresados, la abogada cuestionó que las personas implicadas hayan “estado incomunicadas durante 48 horas”, sin derecho a contar con un abogado particular, y apuntó contra la jueza por incumplir jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos (CIDH) sobre el traslado de personas privadas de su libertad.
Abogada de derechos humanos (UBA), y con un mágister en Ciencia Política y Sociología (FLACSO), la activista feminista y militante de izquierda fue la primera funcionaria del país en encabezar un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Antes había sido funcionaria del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y docente en la Facultad de Derecho de la UBA.
En la carta de renuncia, que consta de cuatro páginas, Gómez Alcorta reconoció el “trabajo transformador” que llevó adelante el Gobierno en materia de género y diversidad, con el apoyo del presidente Alberto Fernández. “Sin lugar a dudas, este gobierno es, por medio de su voluntad política y la de la Vicepresidenta, la gestión nacional que más recursos destinó y más políticas llevó adelante para prevenir las violencias por motivos de género, como así también para asistir y proteger a quienes atraviesan esta situación”, indicó.
La misiva de Gómez Alcorta deja traslucir que durante la gestión hubo puntos de tensión y desacuerdo. “Con la misma franqueza que ha caracterizado siempre nuestro vínculo, me siento con el deber de expresarle los motivos que llevan a mi alejamiento”, dice el texto. “A nuestro gobierno le tocó atravesar situaciones excepcionales, enfrentar tiempos adversos y en ese camino se suscitaron debates, que por momentos se procesaron en duros términos y públicamente. En cada una de esas ocasiones consideré que tenía sentido seguir aportando, humildemente, dentro de la pluralidad de miradas y el debate compañero”, continúa.
Sin embargo, el desencadenante de su salida fue el conflicto con los grupos que se identifican con los pueblos originarios. La cuestión toca de cerca a la ex ministra. Antes de su desembarco a la gestión pública, había ejercido la defensa letrada de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
“Nada de lo expuesto, elimina todo lo realizado por este gobierno en políticas de género y diversidad hasta la actualidad”, aclara Gómez Alcorta en la carta, tras señalar sus diferencias políticas. “A pesar del contexto de pandemia que atravesamos, hemos construido y puesto en marcha desde cero – junto a un equipo único de funcionarixs y al compromiso de cada unx de lxs trabajadorxs- el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. Un Ministerio que es hoy reconocido internacionalmente por los logros y las políticas innovadoras impulsadas en tan poco tiempo”.
En la enumeración sobre los avances durante su gestión, remarcó “la sanción de la ley de Aborto legal, seguro y gratuito, la Ley de 1000 días, la Ley de inclusión Laboral travesti trans; así como el decreto de DNI no binario, el de creación del Programa Acompañar -que al día de la fecha ha asistido a más de 200.000 personas que atraviesan situaciones de violencia de género- y enviado al Congreso Nacional el proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, de creación del Sistema Integral de Cuidados y de licencias igualitarias.
Además, indica la puesta en marcha del “Plan Nacional de Acción contra las violencias 2020/2022, que finalizó con un 93% de las acciones cumplidas”, el “Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021/2023 y, recientemente, presentamos el nuevo Plan de Acción contra las violencias 2022/2024, que marca la hoja de ruta de las políticas en la materia del Gobierno Nacional”, entre otras acciones.