17 funcionarios públicos que percibieron o pretendieron cobrar el plan social acordaron pagar multas, cuyo dinero será destinado a hospitales, centros de salud, escuelas y merenderos.
En una audiencia de homologación, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, concedió las conciliaciones acordadas en favor de 14 concejales que están imputados por tentativa de defraudación a la Administración Pública por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). También, el Juzgado Federal de Garantías N°2 homologó esta semana tres acuerdos de suspensión del juicio a prueba respecto de tres empleados del municipio de Campo Quijano, por el delito de defraudación respecto al cobro indebido del IFE.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área No Penal de la Unidad Fiscal Federal Salta, presentó los acuerdos que fueron admitidos por los imputados y sus defensas, en el marco de una audiencia coordinada por la Oficina Judicial. Previo a ello, el representante del MPF recordó que las irregularidades investigadas giraban en torno a las incompatibilidades establecidas por el Decreto PEN N°310/20, de implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, las que impedían a los concejales su percepción. Como los hechos no llegaron a consumarse, los casos fueron formalizados el 20 de abril pasado como tentativa de defraudación. “No obstante ello, hemos advertido desde un inicio una gran disposición de los concejales y sus defensas por resolver el conflicto”, señaló el fiscal Toranzos.
De esa forma, el fiscal sostuvo que optó por aplicar el instituto de la conciliación dado el deber de los jueces y fiscales de arribar a una resolución, sin que necesariamente la condena sea el único camino, pues ello impediría la obtención de un resarcimiento social.
En los acuerdos arribados, intervinieron la secretaria del Área No Penal Virginia Wierna y las investigadoras Evangelina Navarro, Andrea Espinoza y María Laura Saravia. Así, se logró que los imputados donen 705.890 pesos que serán destinados a la compra de equipamiento médico, productos de higiene y limpieza, mercadería, fórmicas para pizarrones, estufas, anafes, horno eléctrico y caloventores, entre otros objetos. Todos serán destinados a la infraestructura de cinco hospitales y tres centros de salud, dos establecimientos educativos, tres merenderos, un centro de jubilados, una fundación de ayuda a jóvenes e incluso a un grupo de voluntarios que cuidan de animales abandonados. Se trata de instituciones de localidades del interior de la provincia de Salta.
Por otra parte, los 14 concejales se comprometieron a realizar 678 horas de tareas comunitarias consistentes en labores de limpieza y asistencia técnicas, en las mismas entidades, comunidades de pueblos originarios y organismos públicos municipales. Asimismo, en el marco de la suspensión del proceso a prueba acordado, los tres empleados de la Municipalidad de Quijano deberán realizar 100 horas de tareas comunitarias y donar veinte mil pesos.
Los nuevos acuerdos y conciliaciones alcanzados se suman a los dieciséis que fueran homologados por la jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, en septiembre pasado. Así, ya se contabilizan 33 casos seguidos contra funcionarios públicos por las irregularidades en torno al cobro del IFE, que fueron resueltos mediante medidas alternativas de resolución de conflicto.
Conciliaciones
El fiscal consideró que “la mejor forma de resolución sería a través de una conciliación, pues hay una importante diferencia entre esta medida y la suspensión de juicio a prueba”. Agregó que “la conciliación tiene como eje central la resolución del conflicto, sin entrar en el análisis de la conducta penal, sin hacer ese tamiz de orden técnico jurídico, ya que lo que se busca es resolver el conflicto”. En ese sentido, destacó la amplitud del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, norma que no requiere un análisis del tipo penal del caso, sino exige que el consentimiento de los causantes sea libre, razonable lógico y que tenga un marco legal”.
Entre los beneficios de la conciliación, el fiscal Toranzos consideró que “los causantes no estarían sujetos al cumplimiento de un año, como se exige en la suspensión de juicio a prueba, púes con la conciliación basta con cumplir el compromiso de reparación del daño para luego analizar el sobreseimiento” y afirmó que “Los acusados -por los 14 concejales- buscan resolver el conflicto, no ingresar en una discusión penal. Quieren reparar el daño”. Asimismo, entendió que, al tratarse de hechos en grado de tentativa, sin penas accesorias, la conciliación aparece con un marco ideal para arribar a una resolución mediante una medida alternativa, al tiempo que descartó que la inhabilitación, en este caso establecida para esta figura penal, sea un escollo.
En tal sentido sostuvo que “como se trata de casos de tentativas y tienen una pena única, la inhabilitación al no tener escala de reducción, se entiende como descartada, por lo que no habría escollo para arribar a una conciliación, pues la inhabilitación no le correspondería en caso de llegar a una condena”. También, consideró que “tampoco habría inconveniente respecto a la calidad de funcionario público, pues los hechos no fueron cometidos en ejercicio de esa función”.
Reparaciones
En virtud de ello, el fiscal Toranzos planteó sustituir los acuerdos dentro del marco de la conciliación y los compromisos se convertirían en reparaciones. “Las mismas se ajustan a la instrucción de la Procuración General de la Nación, establecidas en distintas resoluciones, mediante las cuales se establece la exigencia de arribar a compromisos que tengan cierta razonabilidad o logicidad sobre la situación particular del causante. Por ello, en algunos casos y ante la imposibilidad de hacer un aporte económico importante, se aumentaron las horas de tareas comunitarias a fin de alcanzar un orden de paridad”.
Al fundamentar la homologación de las conciliaciones alcanzadas, el juez Bavio señaló que “os jueces deben propender a la armonía entre los protagonistas y la paz social. Además, se advierte el esfuerzo por reparar el daño, por lo que es necesario no estigmatizar con causa penales, cuando se puede avanzar con medidas alternativas, como el caso de la conciliación”.