La investigación gira en torno al direccionamiento de contrataciones hacia un mismo oferente, con un perjuicio estimado en 3,5 millones de pesos.
Tres personas, dos de ellos empleados de la sede local del PAMI Salta, fueron imputadas por el delito de defraudación a la Administración Pública, calificación a la cual se sumó, en concurso ideal, la de incumplimiento de deberes de funcionario público para el caso de los trabajadores del organismo previsional.
La acusación, instada por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, en representación del Área de Casos Complejos -a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos- de la Unidad Fiscal Salta, fue receptada por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, quien también hizo lugar a otros planteos de la fiscalía, entre ellos la determinación del plazo de investigación y ciertas medidas de coerción requeridas para garantizar el curso del proceso penal.
La acusación, según lo ventilado en la audiencia de formalización de la investigación penal, recayó sobre Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, empleados del PAMI, y Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, dueño de una empresa de servicios de logística digital.
Al presentar el caso, Mirabella sostuvo que la investigación se inició el 25 de octubre pasado, a raíz de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles irregularidades en materia de contrataciones y licitaciones que se llevaban adelante en la Unidad de Gestión Local XII Salta, dependiente del PAMI.
Explicó que, en concreto, la denuncia giraba en torno a dos expedientes de contratación de servicios que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites, y que fueron sindicados como responsables de ello Palacios y Coronel, mientras que Villagrán Di Pietro aparecía favorecido en las maniobras.
La fiscalía constató que las dos empresas que compitieron con el ganador de una contratación no habían realizado ofertas y que no estaban ubicadas en los domicilios que supuestamente ocupaban.
Añadió que los expedientes tratan sobre procesos de contratación directa de servicio de audio y video, con pantallas led, destinado a encuentros a llevarse a cabo en distintos centros de jubilados, con motivo de celebrarse los 50 años del PAMI.
Puntualizó que en uno de los contratos, de septiembre del año pasado, se hacía mención a la presentación de presupuestos por parte de tres oferentes, uno de los cuales correspondía a Villagrán Di Pietro, quien cotizó en 440 mil pesos la cobertura del evento.
El representante del MPF explicó que las otras ofertas, en tanto, pertenecían a dos firmas con cotizaciones superiores y que resultó favorecido Villagrán Di Pietro, por tratarse de la oferta más baja. En el otro expediente, en tanto, se advierte una situación casi similar, aunque en este caso la adjudicación se realizó por contar con cierta experiencia en gerontología.
Describió además que, al margen de reflejar el contenido de los expedientes, el denunciante marcó una serie de irregularidades. Entre ellas, mencionó que la firma del acusado Villagrán Di Pietro no habría cumplido ciertos requisitos administrativos, tanto en el trámite del concurso como en el registro de proveedores. Y resaltó que las dos empresas que se presentaron en el primer expediente -que también aparecen en el segundo- no habrían presentado ninguna oferta. Por las constataciones hechas por el denunciante, las presentaciones eran ficticias, repasó el auxiliar fiscal.
La investigación
El representante del Ministerio Público Fiscal dijo que, a partir de ello, desde el Área de Casos Complejos se convocó a la División de Investigaciones de la Policía Federal, a la cual se ordenó la verificación de la posible comisión de hechos delictivos en base a la documentación recibida.
El auxiliar fiscal agregó que, entre las primeras tareas de campo, se constató que efectivamente las dos empresas que figuraban en los expedientes no habían realizado ofertas. Y sostuvo que, al constatar los domicilios comerciales, no se pudo dar con las empresas y que, en ambos casos, los vecinos dijeron desconocer la existencia de tales firmas.
“Ante este cuadro de sospecha inicial, y dado el hermetismo existente en el PAMI por la supuesta influencia de los implicados, se avanzó con tareas de inteligencia, las cuales se realizaron con el control judicial correspondiente”, indicó Mirabella.
Entre otros elementos de prueba, la fiscalía citó conversaciones telefónicas entre los imputados en las que refirieron el nivel de ganancia por las maniobras y la preocupación por el borrado de sus chats.
Explicó que, como resultado de estas pesquisas, se pudo reunir información proveniente de intervenciones telefónicas, en las cuales los acusados hicieron referencia directa a ciertas maniobras dirigidas a sortear exigencias del concurso, siempre con la intención de que Villagrán Di Pietro saliera favorecido.
También hubo advertencias para asegurarse la impunidad. En tal sentido, el auxiliar fiscal reveló que Palacios le indicó a Villagrán Di Pietro lo siguiente: “Otra cosa, Seba, si podes el correo, el WhatsApp y todo eso, borra todo al carajo”.
En otras conversaciones, repasó el representante del MPF, los acusados intercambiaron información respecto a cómo debían presentar las facturas y a evitar que se adviertan irregularidades. Por otra parte, mencionó un diálogo entre Palacios y Coronel, en la que ambos se mostraron contentos y hablaron de salir a festejar por los “cheques que tenían para cobrar”.
En otros mensajes citados por el auxiliar fiscal Mirabella, Coronel se refirió a un descontento con Palacios porque había pasado mal un presupuesto, por lo que tuvo que hacer unas gestiones extras para cumplir con un servicio. “Después de esas cosas hay cometas, van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno”, dijo el empleado.
El auxiliar fiscal también se explayó sobre los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, como también en las oficinas del PAMI, en la calle Zuviría N°20, y la requisa del automóvil de Palacios.
Sobre estas medidas, precisó el secuestro de los teléfonos celulares de los tres acusados, memorias digitales y gran cantidad de documentación, parte de la cual estaba en el auto de Palacios. Los documentos están relacionados tanto a los dos expedientes en investigación como a otras contrataciones en las que aparecen las dos firmas mencionadas y la de Villagrán Di Pietro.
Grave perjuicio
En cuanto al análisis de los teléfonos, Mirabella resaltó la existencia de contactos entre los acusados, como por ejemplo un total de 1.300 llamadas de Villagrán Di Pietro a Palacios. En los dispositivos electrónicos secuestrados al oferente que resultó favorecido se hallaron imágenes del primer expediente referido en la denuncia anónima, de la cual también se encontraron copias papel en un placar de su casa.
La fiscalía aclaró que la decisión de avanzar con el caso radica en las evidencias puestas en conocimiento y en la obligación de cumplir con los compromisos asumidos por el Estado argentino a través de tratados internacionales para la lucha contra la corrupción.
A modo de complemento, el representante del MPF informó que, a través de distintas entrevistas con personal vinculado a las áreas de contrataciones, se pudieron conocer los pasos administrativos que se deben llevar adelante para la adjudicación de esta clase de servicios.
“Todas las evidencias reunidas hasta el momento, llevan a la fiscalía a sostener que los involucrados tenían una cierta organización a los efectos de generar –en el ámbito de las contrataciones- un favorecimiento hacia Villagrán Di Pietro, donde los referentes técnicos serían Palacios y Coronel”, afirmó el representante del MPF.
Para lograr este objetivo –añadió- los acusados “utilizarían empresas denominadas de papel para así simular una adjudicación” en favor de Villagrán Di Pietro. A su vez, puso en dudas que las prestaciones aludidas efectivamente se concretaron.
Al referirse al daño causado, y conforme a la documentación reunida y analizada, Mirabella indicó que las maniobras adjudicadas a los tres acusados habrían causado un perjuicio económico al Estado Nacional por un monto estimado de 3,5 millones de pesos.
En base a todo lo expuesto, la fiscalía aclaró que la decisión de avanzar con el caso no sólo radica en las evidencias puestas en conocimiento, sino también en la obligación de cumplir con los compromisos asumidos por el Estado argentino a través de tratados internacionales para la lucha contra la corrupción.
Por último, y dado que aún resta profundizar la investigación en torno a la gran cantidad de documentación secuestrada, como también analizar evidencias extraídas de otros dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía solicitó que se impongan determinadas medidas de coerción.
En tal sentido, solicitó que se obtenga el compromiso de los acusados de no entorpecer la investigación, de presentarse cada 20 días en la Delegación local de la Policía Federal y, finalmente, la prohibición de tomar contacto con posibles testigos en la causa, sin que se afecte el derecho de defensa.
Ante estos pedidos, y sin que las defensas hayan presentado objeciones, el juez resolvió hacer lugar a todo lo requerido por la fiscalía. El magistrado también resaltó que existen elementos de prueba suficientes para avanzar con la investigación por los delitos imputados.