Un informe de la Fundación DHI (Fundación para el Desarrollo Humano Integral) reveló cada una de las medidas que tomó Javier Milei gracias a las facultades que le delegó el Congreso Nacional, y que vencieron días atrás. El informe sirve para dimensionar todas las áreas y políticas de Estado que fueron eliminadas durante este año que duró la delegación de facultades
«La Ley Bases, promulgada el 8 de julio de 2024, implicó entre otras atribuciones la asunción de facultades legislativas que el Congreso de la Nación le otorgó al poder ejecutivo por el plazo de un año. Se trató de una “liberación de manos” para que el Gobierno de Javier Milei, en su primer año, cuente con las herramientas necesarias para avanzar con su programa de reformas.
Este informe (que podes ver completo AQUÍ)realiza un repaso por todas las normativas que el Poder Ejecutivo Nacional llevó adelante, entre el 8 de julio de 2024 y de 2025, restringiéndose exclusivamente a aquellos actos administrativos amparados en la delegación de facultades.
En ese sentido se identifican un total de 88 normativas, la mitad de ellas presentadas en los últimos tres meses de facultad. Más del 50% de las normas se refieren a la intervención, transformación o eliminación de organismos públicos, mientras que un 19% son desregulaciones, un 11% la disolución de fondos fiduciarios y un 9% privatizaciones. Si bien las facultades estaban amparadas en cuatro emergencias (administrativa, económica, energética y financiera), las incumbencias temáticas de estas reformas son muy amplias, sin dejar prácticamente ámbito de la política pública sin intervenir.
Dentro de las principales modificaciones de organismos públicos se encuentran las disoluciones de organismos como la Dirección Nacional de Vialidad, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Índigena, el Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento o el Instituto Nacional de Medicina Tropical, entre otros. El trabajo busca dar cuenta de la historia, objetivos y acciones principales llevadas adelante por estos organismos, que lejos de ser inútiles cumplían un rol social relevante. También se desjerarquizaron o desautonomizaron organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de tecnología Industrial, el Instituto Nacional contra el Cáncer, el Archivo Nacional de la Memoria, el Museo ESMA, Banco Nacional de Datos Genéticos o el Instituto Nacional del Agua o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros. El informe plantea que la intervención sobre esos organismos permite al Estado habilitar despidos masivos de su personal estable, por lo que es esperable que la combinación de desvinculaciones con quita de autonomía y ahogo presupuestario conduzcan a su cierre.
El informe también da cuenta de las normas que habilitan concesiones o privatizaciones de organismos o empresas públicas. A través de las facultades delegadas por el Congreso el gobierno habilitó la privatización de dos empresas que habían sido excluidas del capítulo específico de privatizaciones del cuerpo de la Ley: Aerolíneas Argentinas y Banco de la Nación Argentina.
A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el cierre de 16 fondos fiduciarios públicos. La recaudación de estos fondos representan, para el año 2023, el 44% del total de la recaudación prevista por parte de estos instrumentos. Algunos de los fondos eliminados eran instrumentos claves para el financiamiento de políticas de vivienda para sectores populares, como el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (conocido como Fondo Pro.Cre.Ar), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (FFVS) y el Fondo para la Integración Sociourbana (FISU). También se desmantelaron fondos de apoyo y promoción a la industria, como el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), así como para el desarrollo federal de infraestructura y conectividad, como lo eran el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).
Por otra parte, las facultades delegadas le permitieron al Ejecutivo llevar adelante distintas modificaciones de aspectos regulatorios. La principal de estas medidas fue, de modo encubierto, el establecimiento como “servicio esencial” de actividades como la los servicios hospitalarios y educativos, la producción, transporte y distribución de agua, gas, combustibles y energía, las telecomunicaciones, los servicios aéreos, fluvio marítimos, aduaneros y migratorios, entre otros. Junto con otras actividades declaradas como “servicios de carácter trascendental”, implica una restricción del derecho a huelga sin precedentes y que afecta a sectores clave del trabajo y la producción.
Desde la Fundación para el Desarrollo Humano Integral consideramos que estas reformas, tan solo una pequeña muestra de todo lo que ha hecho el gobierno de Milei a 365 días de la promulgación de la Ley Bases, constituyen una gran pérdida para la capacidad del sector público de resolver los problemas que aquejan a la nación y al pueblo argentino. La readecuación normativa, el reordenamiento más eficiente de las funciones y empleos públicos, sin dudas deudas pendientes para los gobiernos nacionales, se transformó en la excusa para una aplicación salvaje de la motosierra.
Postulamos que el costo de estas medidas, en el largo plazo, será mayor que su ahorro fiscal inmediato, que el próximo gobierno tendrá una enorme tarea de recuperación de capacidades estatales, personal calificado e infraestructura vital, y que es necesario que, en lo inmediato, las fuerzas políticas que permitieron la delegación de facultades realicen una revisión crítica de su decisión a la luz de los resultados».